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Nacionales — enero 26, 2015 at 10:53 pm

Los 7 pecados capitales de las comisiones de postulacion

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Las listas con los nominados para dirigir la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones están en el Congreso de la República. En la elección hubo acusaciones y señalamientos e incluso una propuesta de suspender el proceso. La legitimidad del trabajo de las Comisiones de Postulación se puso en duda desde todos los ángulos: los comisionados cometieron pecados capitales que marcan la elección de los futuros magistrados.

Tras largas horas de trabajo y desvelos en el Paraninfo Universitario, los integrantes de las comisiones de postulación entregaron al Legislativo la nómina de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones. De estas listas, los diputados elegirán a los abogados que ocuparán las cortes los próximos cinco años. No fue tarea fácil, el camino para integrar estas nóminas fue tumultuoso.

Los postuladores fueron juramentados el 2 de julio por el Congreso de la República y desde ese momento sus acciones fueron cuestionadas: la sociedad civil, la academia, la opinión pública y la comunidad internacional criticaron su falta de independencia además del peso de intereses particulares sobre los electores.

El 16 de septiembre Iván Velásquez, jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), denunció las anomalías y errores que han cometido las comisiones. Y a su denuncia se suma la de abogados, candidatos del proceso, partidos políticos y organizaciones civiles quienes presentaron 63 acciones legales (entre amparos e inconstitucionalidades) ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Se cuestionó la tabla de gradación, la integración de las comisiones, los perfiles e incluso los plazos de trabajo. Hasta el momento solo se han otorgado dos amparos: el primero decretó que los comisionados debían realizar sus votos a viva voz y el segundo obligó a la comisión de Corte Suprema a rediseñar su tabla de gradación.

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Las quejas cayeron en oídos sordos y los comisionados ignoraron los señalamientos. El Gobierno no se pronunció, mientras la CC se lavó las manos y remitió 56 de los 63 recursos legales en contra del proceso a juzgados de primera instancia. Los comisionados no arreglaron la plana y con todas sus fallas el proceso continuó. Ahora queda en manos de los diputados elegir a las nuevas autoridades judiciales.

Estos son los siete pecados capitales de las comisiones de postulación.

 1. Mala administración de tiempo y trabajo a la carrera

Las comisiones iniciaron labores el 15 de julio. Se creó un plan de trabajo para tres meses en los que los comisionados debían definir los perfiles y tablas de gradación, recibir y revisar tachas, analizar expedientes, realizar pruebas y votar entre los elegibles. Tres meses es poco tiempo para realizar esta tarea. Además, las dos comisiones no pueden trabajar en forma simultánea puesto que un tercio de sus miembros (los 11 decanos) participan en ambas.

Dos días para votar por los expedientes de 105 candidatos a CSJ y otros tres días para votar por los 252 candidatos a salas de apelaciones equivale a una elección maratónica. Las votaciones iniciaron entre 7 y 8 de la mañana, en una ocasión finalizaron hasta las 2 de la madrugada. La falta de consensos, sumada a la hora límite de entrega, provocó que el trabajo se estancara. Fue difícil que los postuladores alcanzaran acuerdos ya que todos los grupos querían pasar a sus candidatos. Incluso, en la penúltima sesión de la comisión de Corte Suprema hubo un receso de diez horas durante las cuales los grupos cerraron sus acuerdos.

Estas situaciones se pudieron prevenir si hubiesen comenzado a trabajar antes y se hubiesen establecido plazos de votación realistas. La Ley de Comisiones de Postulación no les prohíbe reunirse con anticipación para iniciar labores (el mínimo es dos meses). La mala planificación provocó carreras innecesarias en la recta final.

2. Tardanza en la entrega de la información, un obstáculo a la transparencia

La principal queja de la prensa, de la sociedad civil y de los ciudadanos que siguieron ambos procesos fue la lentitud con la cual se publicó la información. Por decisión de los comisionados, las actas se firmaban hasta la siguiente sesión y sin sus firmas no se publicaban. Eso no solo atrasó las reuniones –el primer punto de agenda siempre fue leer y aprobar actas– sino retardó el flujo de información. Además, el equipo técnico se demoró en publicar los documentos en línea: para quien quería accederlos desde fuera, debía esperar aún más (las actas de septiembre de la Corte de Apelaciones siguen sin estar disponibles en el sitio de Internet).

No es imposible reformar el sistema. La mejor prueba la dieron los electores de Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes firmaron las actas y documentos al final de cada sesión y estos estaban disponibles al público de inmediato. Habría sido un punto a favor de la transparencia que los comisionados de ambos procesos tomaran la misma decisión.

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3. Tablas de gradación y perfiles poco ambiciosos

Los perfiles definidos por la comisión para ambas magistraturas son idénticos y las tablas de gradación son muy parecidas. Ninguno apunta hacia la excelencia o a un perfil superior, sino coloca a los candidatos al mismo nivel.

Medir con la misma vara a un magistrado de la Corte Suprema y a uno de Salas de Apelación es uno de los mayores errores, señalaron los expertos. El magistrado de la CSJ debe ser un abogado que cuente con más experiencia, mayor acreditación académica y reconocimiento dentro del gremio. Un integrante de la CSJ no solo administra justicia, sino también administra el Organismo Judicial (OJ). Si se establece el mismo perfil para ambos, la elección se convierte en un juego al azar, quien no consigue uno de los 13 puestos en la CSJ, seguro sí lo hace en la Corte de Apelaciones.

La tabla de gradación presenta una historia similar. La comisión de Salas de Apelación le da más valor a los méritos profesionales (75 puntos, cinco más que los que le da la de CSJ), mientras que valora menos los méritos académicos (20 puntos, cinco menos de los que le da la CSJ). Ninguna asigna un punteo a los méritos éticos, solamente 5 puntos a la proyección humana. Las tablas se parecen tanto porque a raíz de un amparo presentado por Encuentro por Guatemala, un juzgado ordenó a la comisión de Salas de Apelación a repetirla y entonces adoptó el modelo de la de la CSJ. El problema con la tabla original fue que le daba más valor a los años de ejercicio profesional que a las capacidades y tampoco tomaba en cuenta la honorabilidad.

Lo que se le señala a las tablas es que no se realizaron sobre una base técnica. En lugar de consultar con expertos en recursos humanos, en administración de justicia, entre otros, los comisionados las crearon como propusieron en el camino. Otro punto en su contra es la discrecionalidad de los postuladores en ambos documentos. Por ejemplo, en la comisión de Corte de Apelaciones se decidió que solamente los candidatos con un punteo mayor a la media podrían ser elegibles. Cuando se contabilizaron los resultados, la media quedó en 48 puntos, sin embargo, el decano Alfredo Cabrera de la Universidad Da Vinci propuso que se bajara a 40 puntos y con 23 votos a favor, lo logró. Esa medida se vio como un paso hacia la mediocridad. En lugar de aspirar a un perfil más alto, se bajaron los estándares para acoplarse a los candidatos.

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4. No hubo modalidad de votación definida ni registros de votos

Hubo dos problemas con las votaciones: no se tabularon con precisión y la modalidad en la recta final cambió repetidas veces. Respecto a la primera, a lo largo del proceso, el personal técnico debió registrar los votos. Sin embargo, las actas solo indican con cuántos votos se aprobó o rechazó una moción, pero no registran quiénes votaron a favor y en contra, la única forma de saberlo sería a través de los videos de cada sesión.

El segundo problema se dio cuando integraron las nóminas finales. El primer día se votó en forma nominal, de uno en uno, pero esto tomó mucho tiempo porque se debía escuchar a los 34 electores. El segundo día se votó por listados de 10 y luego por 20 candidatos a la vez. Eventualmente se dieron cuenta de que era mejor votar por bloques y llegar a votar por 28, 50 e incluso 58 candidatos a la vez (en el caso de la Corte de Apelaciones). Esto agilizó el proceso, pero el cambio constante se ganó las quejas de los observadores.

5. Los que juegan de juez y parte

De los 57 comisionados, 26 de ellos también postularon su candidatura, estos 26 jugaron el papel de juez en una elección y parte en la otra. Siete de ellos eran magistrados de la CSJ que buscaban la reelección, pero solo dos lograron integrar las listas (Rogelio Zarceño y Brenda Quiñónez). El resto de representantes eran magistrados de las cortes de apelaciones en busca de la reelección o de un puesto en la CSJ o representantes del CANG en busca de una magistratura. La ley no prohíbe que ellos participen, pero los críticos lo han señalado como inmoral porque tienen una clara ventaja al estar sentados a la mesa junto con el resto de electores.

6. Las facultades de derecho se multiplican

En las elecciones de cortes de 2009 existían nueve universidades con facultades de Derecho. En cinco años ese número se elevó a 11. Entre estas, 3 facultades no han graduado a su primera promoción (San Pablo, Da Vinci y Occidente) y la Universidad de Occidente no tiene un solo alumno inscrito. Desde el proceso anterior se ha señalado que se crean nuevas facultades solo para tener un asiento en las comisiones, no por el interés de enseñar.

El problema con que se multipliquen las facultades de Derecho es que de acuerdo a la ley, el número de representantes del Colegio de Abogados y representantes de magistrados debe ser equivalente al de decanos. Si llegara a haber más de trece decanaturas, el sistema quedaría obsoleto puesto que la comisión para elegir magistrados de salas de apelaciones está integrada por los magistrados de la CSJ y solamente hay 13. Desde ya se debe definir un mecanismo para enfrentar este problema o reformar la ley vigente.

7. Llovieron las acciones legales y la CC se lavó las manos

El número de amparos y supuestas inconstitucionalidades que se han presentado en el transcurso del proceso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) suma 63. Se cuestionó desde la forma de integrar cada instancia hasta la tabla de gradación. El trabajo de los postuladores, sin embargo, siguió como si nada. Hasta el momento solo ha habido dos sentencias de parte de la CC.

El 18 de septiembre, dos días después de la conferencia del comisionado Iván Velásquez de CICIG, el presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, anunció que 56 de estas acciones legales habían sido remitidas a juzgados de primera instancia. Su argumento fue que la CC es la última instancia y antes de que ellos los conozcan, estos deberían escalar todos los peldaños legales. De esta forma se afirmó que pese a las quejas de cualquier ciudadano o integrante de la comunidad internacional, la CC no tomaría acciones inmediatas para detener el proceso.

Quiénes integran las comisiones?

Hay dos procesos de selección de magistrados y para ello hay dos comisiones de postulación distintas. Los únicos que participan en ambas comisiones son los decanos de las facultades de Derecho. El número de decanaturas determina el número del resto de representantes puesto que acorde a la Constitución, el número de representantes del Colegio de Abogados (CANG) y de magistrados debe ser equivalente al de decanos (actualmente hay 11). Estos son los integrantes de ambas comisiones:

Comisión de Corte Suprema de Justicia:

-1 Rector (que representa a los rectores de todas las universidades del país)

-11 Decanos de las facultades de Derecho

-11 Representantes del CANG

-11 Magistrados de la Corte de Apelaciones

 

Comisión de Cortes de Apelaciones:

-1 Rector (que representa a los rectores de todas las universidades del país)

-11 Decanos de las facultades de Derecho

-11 Representantes del CANG

-11 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

 

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