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Columnas, Opinión, Sara Larios — mayo 8, 2015 at 2:40 pm

La inconstitucionalidad de la Constitución hondureña

por
palacio

Foto: Santiago Billy/DD

Recientemente, tuve el gusto de participar en un seminario de Derecho Constitucional impartido por el profesor Javier El-Hage, director jurídico de la fundación Human Rights Foundation. Su exposición se centró en analizar el papel que juegan los derechos humanos y el derecho internacional en frenar los abusos de funcionarios que pretenden aprovecharse de medios legales para perpetuarse en el poder. Hablamos de las reformas constitucionales que han sido el tema del día en los últimos años de gobiernos izquierdistas como los de Venezuela y Bolivia. Hablamos de otros momentos históricos en que se han utilizado mecanismos similares con los mismos fines políticos. Y hablamos sobre los peligros inminentes en Guatemala, que los gobernantes desnaturalicen la esencia de la democracia para servir a sus intereses propios. 

Honduras presentó un ejemplo de las situaciones que discutimos en el seminario. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (que cumple la misma función que nuestra Corte de Constitucionalidad) emitió un histórico fallo que abre la puerta a la reelección del presidente en ese país. En términos jurídicos, el fallo es una aberración que ridiculiza todo lo que el estudiante de Derecho aprende en la universidad. Aprobada por unanimidad, la sentencia de 32 páginas declara la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que establecía la reelección como delito y, como consecuencia, declara inaplicables artículos constitucionales, por restringir, disminuir y tergiversar la misma Constitución. Sí, así de confuso. En términos simples, ¡se declaró la inconstitucionalidad de la propia Constitución, como consecuencia de la inconstitucionalidad de una norma de inferior jerarquía!

“La Constitución debe garantizar derechos fundamentales que son inmutables en el transcurso del tiempo y que limitan el poder que ejercen los funcionarios de turno.”

Lo curioso es que esta no fue una idea novedosa. Fue así como la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le permitió a Daniel Ortega postularse a la reelección en el 2009, y en Guatemala, Vinicio Cerezo intentó una acción similar en el 2006. Afortunadamente, nuestra Corte de Constitucionalidad, en una muestra valiosa de sentido común, respondió que no era posible conocer de la acción ya que no puede declararse inconstitucional una norma de la Carta Magna. Y es que la norma suprema debe, precisamente, garantizar derechos fundamentales que son inmutables en el transcurso del tiempo y que limitan el poder que ejercen los funcionarios de turno. Si se cambian estas normas, a conveniencia de unos cuantos, dejan de cumplir su importante papel y el resultado es una falsa democracia en la que, poco a poco, hacemos mayores concesiones en perjuicio de nuestra libertad. A ese paso, y con la fila de gobernantes inescrupulosos que pasan por nuestros países, ¡en un descuido nos quedamos sin Constitución! 

Como ciudadanos, debemos estar siempre alertas a las medidas antidemocráticas que pretendan impulsar líderes sedientos de poder, aún dentro de un marco aparentemente constitucional. Hay que reconocer que existen muchas formas de limitar la democracia. Al fin y al cabo, el presidente hondureño accionó usando herramientas legales, pero eso no es suficiente para que los cambios sean legítimos. Reformas de esa trascendencia, deben ser promovidas desinteresadamente por el pueblo y nunca por el gobernante de turno.

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