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Carolina Roca, Columnas, Opinión — octubre 23, 2015 at 11:40 am

¿Tarjeta social de débito?

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Las transferencias monetarias electrónicas a los beneficiarios de programas sociales impiden la politización y la corrupción.

Por lo menos 18 países de Latinoamérica cuentan con programas de transferencias condicionadas –monetarias o en especie– para reducir la pobreza y la vulnerabilidad de determinados grupos meta. Entre ellos: Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Jamaica, República Dominicana y Guatemala. Muchos de estos países han adoptado, paulatinamente, modalidades de transferencias electrónicas.

programas sociales

Los impactos en la reducción de la pobreza, la mejora del capital humano, la inserción laboral y productiva de las familias y otros objetivos de equidad dependen de la calidad del diseño e implementación de los programas. Uno de los principales aspectos es la selección de los beneficiarios: quién los elige, qué criterios e información toma en cuenta, cómo confirma a beneficiarios a nivel comunitario y quién recibe la transferencia. También influye la calidad y la transparencia de los registros de beneficiarios, la definición de criterios para salir de los programas, qué servicios o subsidios se ofrecerán, en qué forma se entregarán, qué acciones complementarias se realizarán e igualmente, el seguimiento y evaluación de los programas.

Programas como la bolsa segura, la entrega de fertilizantes y ubsidios como el de transporte urbano y el de electricidad suman cientos de millones de quetzales del presupuesto del Estado. Por ello, es crucial revisar su diseño en busca de más eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

El cambio de la forma como se entrega el subsidio, ha sido el elemento disruptivo en los programas de otros países. De acuerdo con el estudio “Evidencias sobre las transferencias monetarias”, publicado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del Reino Unido en 2011, “existe creciente evidencia que la entrega electrónica de los pagos de transferencias monetarias puede ayudar a reducir los costos y drenaje de recursos, así como a promover la inclusión financiera de los pobres”.

 “LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EVITARÍAN la relación entre los FUNCIONARIOS y los BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS”.

Hoy la selección de beneficiarios, registros y gestión de los programas está en manos de un importante número de empleados públicos, por ejemplo del Ministerio de Desarrollo en el caso de la bolsa segura. El Gobierno selecciona los productos y realiza los eventos de compra, los proveedores trasladan los productos y los funcionarios nacionales y locales coordinan la entrega, implicando una compleja logística y un contacto potencialmente político.

Si confiásemos que las familias beneficiarias pueden tomar las mejores decisiones sobre cómo utilizar los recursos, podría modificarse esa compleja, cara y opaca forma de entrega. Los beneficiarios se seleccionarían con base en los mapas e información de pobreza, se verificaría la situación de las familias con las iglesias y los consejos comunitarios de desarrollo, se corroborarían en línea los documentos únicos de identificación y las relaciones familiares con el Registro Nacional de Personas, se entregarían tarjetas electrónicas familiares de débito emitidas por entidades bancarias –con foto de los padres o responsables– que servirían para adquirir un listado limitado de productos alimenticios en comercios locales calificados, dinamizando la economía municipal. Las tarjetas se recargarían mensualmente, las bolsas no tendrían que ser transportadas a los centros de entrega, no habría contacto potencialmente politizado de funcionarios de gobierno y, sobre todo, más recursos llegarían directamente a las familias a un costo que en otros casos se ha reducido a una séptima parte del actual.

Tendrá que abordarse la gestión de la cooperación de organizaciones comunitarias, la negociación con los emisores de tarjetas, cómo registrar confiablemente la información del cumplimiento de las condiciones como la vacunación, la asistencia a capacitaciones para madres, el logro de metas nutricionales, la asistencia de los niños a los diferentes niveles educativos y su promoción o no; pero la eficiencia que se lograría, sería un gran paso hacia la transparencia.

Estas propuestas fueron incorporadas a los planes de gobierno del Partido de Avanzada Nacional y de Compromiso, Renovación y Orden. Esperamos que sean adoptados –como un ejemplo de liderazgo constructivo– por quien resulte electo el 25 de  octubre.

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