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Columnas, Opinión, Phillip Chicola — noviembre 6, 2015 at 11:33 am

La mano intangible y Jimmy Morales

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El rechazo social a la corrupción encuentra apoyo en la mano intangible.

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Una de las características de todo sistema republicano es la existencia de una ciudadanía activa, que constituya el último contrapeso respecto a las actuaciones degeneradas del poder. Esa ciudadanía activa requiere de organización, conciencia política y espíritu cívico. Y en los sistemas democráticos, logra expresarse a través de mecanismos participativos como cabildos, sistemas de diálogo, entre otros. Pero además, la ciudadanía cuenta con una herramienta para castigar a aquellos funcionarios y servidores públicos que abusen del cargo: la sanción moral.

El mecanismo de la sanción moral fue teorizado por el politólogo norteamericano Phillip Pettit en su texto Republicanismo, en donde introduce el concepto de la mano intangible. De acuerdo con Pettit, esta se refiere a aquellos procesos sociales que refuerzan las virtudes cívicas, que son necesarias para vivir en una buena sociedad. Mecanismos como el rechazo social a la corrupción, las críticas sociales a las insolvencias de gobernantes y funcionarios, o las demandas públicas para hacer efectivos compromisos políticos, son algunos instrumentos de la mano intangible para reforzar las virtudes de los políticos.

El caso de José Ramón Lam, nombrado por el presidente electo Jimmy Morales para cabildear ante el Congreso el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2016, es un paradigma del fenómeno de la mano intangible. La denuncia pública realizada por el Instituto de Problemas de la Nación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) sobre el plagio de textos académicos realizados por Lam puso en evidencia una insolvencia de quien se rumora podría ocupar el cargo de ministro de Finanzas en el gobierno de Morales.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Remembrando el caso de Manuel Baldizón y su libro Rompiendo paradigmas, las redes sociales y los medios de comunicación mostraron el rechazo a las prácticas académicas deshonestas de Lam, al tiempo que demandaron que Morales le separara de su rol como cabildero del presupuesto. Menudo acontecimiento. Hace tan solo seis meses, imaginar que la sociedad guatemalteca castigaría moralmente a un funcionario por una insolvencia académica parecía un sueño lejano. Pero la explosión cívica de rechazo a la corrupción frente a personajes como Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Manuel Baldizón, ha tenido también un efecto sociológico: hoy, el guatemalteco se muestra menos tolerante frente a actos deshonestos de parte de quienes ejercen la función pública.

Para Morales, la situación puso a prueba su disposición real de aplicar el discurso de la “nueva política”. No olvidemos que Morales ganó las elecciones en gran medida porque fue percibido como una opción moralmente superior frente a sus adversarios tradicionales, derivado de su falta de participación previa en política. Pero al mismo tiempo, se ha señalado hasta la saciedad que Morales carece de los cuadros técnicos para integrar un gabinete.

Menuda disyuntiva. Por de pronto, el presidente electo ha preferido defender a su operador y obviar las demandas de separar a Lam de sus funciones. Lo preocupante es que para tal efecto, ha recurrido a un discurso de la “vieja política”: creer que la validez de una denuncia depende exclusivamente de su judicialización, y no reconocer la sanción moral de la ciudadanía. Al igual que Pérez Molina, con decenas de casos de corrupción en su gobierno, Morales asume que si el caso de plagio no llega a tribunales y no hay una condena, sencillamente no tiene validez.

Al momento de escribir estas líneas el caso pareciera no haber llegado a un desenlace, pero desde ya se vislumbran dos efectos. Primero, Morales perdió una primera batalla política, al no responder a las demandas de ese electorado urbano que le votó y que hoy más que nunca desea castigar la corrupción. Y segundo, Morales pareciera no reconocer el poder de la mano intangible, ese recurso de sanción moral que revivió a partir del 16 de abril y que en su momento castigó a quienes hasta hace seis meses eran los políticos más poderosos del país.

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