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Columnas, Opinión, Roberto Alvarado, Tejedores — diciembre 29, 2015 at 1:21 pm

Lucha por las gobernaciones

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Necesitamos gobernadores que cumplan el eslogan del presidente electo, “ni corruptos ni ladrones”. Pero además, ni déspotas ni tiranos.

Por Roberto Alvarado 

Según la Ley del Organismo Ejecutivo, en su artículo 41, se establece que “El gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la república” y en el artículo 42 hace referencia a que “Los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el presidente de la república, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo”. Entendemos entonces que el gobernador es el representante del Organismo Ejecutivo y, por consiguiente, del presidente de la república en cada uno de los departamentos de nuestro país. En ese sentido, deberían de ser la máxima autoridad en los departamentos, pero respetando la autonomía de las municipalidades.

La selección de este funcionario, de acuerdo a la ley, debería de ser mediante un proceso minucioso de la sociedad civil representada y acreditada ante el Consejo
 Departamental de Desarrollo (CODEDE), quien mediante un debido proceso público y transparente, debe presentar ante el presidente una terna para que proceda a su nombramiento.

Las leyes siempre han sido bue
nas, su espíritu se ha basado en
fortalecer la democracia y ante
todo, en tener fundamentos que
busquen la paz y el desarrollo
de nuestra Guatemala. Sin embargo, en los departamentos se observa con mucha decepción un escenario de lucha de poder entre los diferentes actores políticos, sociales y económicos para influir en el nombramiento de este funcionario. En algunos lugares ya se preparan los “supuestos” integrantes de la sociedad civil, que al parecer nadie sabe quién los ha nombrado ante el CODEDE y mucho menos responden a los intereses de la sociedad civil a la que dicen representar. En otros casos, las fuerzas políticas ya preparan su escenario para proponer a los candidatos con “supuestos” apoyos de la sociedad civil y el empresariado local que “supuestamente” financiaron la recién pasada campaña política.

Los gobernadores departamentales deberán ser seleccionados de acuerdo con su idoneidad para el cargo, sin que prevalezcan intereses perversos.

Lo que sí se puede determinar con mucha claridad, es que el señor presidente de la república tiene la responsabilidad –al igual que con su equipo de ministros– de seleccionar al mejor ciudadano que lo represente en cada departamento. Es bueno advertirle al nuevo Ejecutivo que desde la firma de los Acuerdos de Paz, nunca se ha cumplido con el debido proceso, y menos con la esencia de la legislación. En ese sentido, es urgente poner orden en los departamentos para que se dejen las luchas por las gobernaciones y los intereses mezquinos por un lado; y que se designe a los mejores ciudadanos para el cargo.

¿Por qué esta recomendación? Porque durante la administración de Otto Pérez, los gobernadores fueron objeto de fuertes señalamientos de corrupción, de malas intenciones de congelar expedientes de proyectos de desarrollo, de condicionar e irrespetar la autonomía municipal en los Consejos de Desarrollo, de la ineficiente inversión de los fondos del CODEDE, de ser los amos y señores déspotas en los departamentos.

Este es un llamado a las buenas intenciones del señor presidente, con base en los discursos que transmiten los medios de comunicación. Sobre todo, lo expresado el 07 de noviembre de 2015 en una reunión privada con la dirigencia nacional de FCN-Nación donde reiteró que “no ha nombrado a ningún gobernador” y aclara que “nadie debe pagar o cobrar para postularse como gobernador departamental”. Y más esperanzador aún, el presidente electo manifestó que “los funcionarios serán seleccionados con base en criterios de probidad, honradez, capacidad demostrada y el respaldo en su comunidad”.

Sepa, señor presidente, que la ciudadanía tiene los ojos puestos en sus acciones y decisiones. Esperamos que sus buenas intenciones sean efectivas en el nombramiento de tan importante cargo en cada rincón del país. Esperamos que para la persona que sea nombrada no prevalezcan los intereses personales, políticos y mucho menos, económicos. Además, se debe revisar si de verdad la sociedad civil –representada en el CODEDE– cuenta con el respaldo de los sectores que dicen incorporar, porque hay muchos que se han enquistado en esos cargos para condicionar y coaccionar el manejo de los fondos.

 

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