Carolina Roca, Columnas, Opinión — enero 20, 2016 at 6:56 pm

Cultura ciudadana y políticas públicas

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La publicación Antípodas de la violencia de Antanas Mockus y otros autores, editada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corpovisionarios en 2012, presenta los resultados de un estudio pionero sobre la relación entre cultura y seguridad en ocho ciudades latinoamericanas.

Además de evidenciar el poder regulador de la cultura y la necesidad de un rol ciudadano activo y responsable, aporta hallazgos aplicables a otras políticas públicas en las que el comportamiento es factor determinante del bien común.

Cultura ciudadana es el conjunto de creencias, costumbres y prácticas que un grupo social comparte, generando entre sus miembros un sentido de pertenencia, marcos estables para la convivencia y respeto a los deberes y derechos de sus miembros.

Su manifestación como política pública parte de que las acciones de los individuos son reguladas por tres mecanismos: la ley, la moral y la cultura. El divorcio sistemático entre ellas puede afectar gravemente la convivencia, el tejido social e incluso la productividad de una sociedad.

En distintos ámbitos, esa discordancia se expresa en la aprobación moral y cultural de acciones ilegales, o bien, indiferencia o desaprobación cultural y moral hacia el cumplimiento de obligaciones legales. Superar esa divergencia sistemática es el reto de una política de cultura ciudadana.

Tomemos como ejemplo la obligación legal de emisión de facturas, cuya omisión implica sanciones –incluso penales. Sin embargo, la persona obligada a cumplirla evalúa el cumplimiento de esa norma en función del riesgo de la sanción y la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de sus razones y emociones individuales, así como de las convenciones de su comunidad o sociedad, pudiendo llegar a justificar la no facturación.

Aleccionadoras acciones de cultura ciudadana han contribuido en distintos países a mejorar la convivencia urbana, comunitaria, organizacional, e incluso se espera que a la convivencia postconflicto armado, en el caso de Colombia. La ruta seguida para las intervenciones de cultura ciudadana, involucra tanto investigación cuantitativa como cualitativa para identificar factores (normas, prácticas, hábitos, creencias) que influyen en los comportamientos objetivo; priorizándose aquellos con mayor potencial de impacto.

Luego se diseñan e implementan acciones pedagógicas específicas que aplican conocimiento de diversas ciencias y disciplinas, entre ellas la Pedagogía, Antropología, Psicología, Economía del Comportamiento, Artes, Diseño y Comunicación. Evaluación y seguimiento de las metas de cambio de comportamiento y ajustes periódicos complementan el ciclo. Equipos universitarios y organizaciones como Corpovisionarios de Colombia han logrado amplia experiencia en estos programas.

Ejemplo concreto de tales intervenciones es el caso de la solución del bloqueo de intersecciones por el tráfico en Bogotá, en 1994. La falta de infraestructura y el comportamiento de peatones, conductores y policía ocasionaban grandes atascos y caos vehicular. Con el fin de empoderar a los ciudadanos para solucionar el problema, el alcalde repartió 350 mil tarjetas con un signo de aprobación en el anverso y una de desaprobación en el reverso.

Con esa tarjeta, miles de ciudadanos pudieron reaccionar rechazando o reconociendo positivamente los comportamientos de otros peatones o conductores. Se logró mejorar sustantivamente el cumplimiento de la norma de no bloquear intersecciones, creándose posteriormente una policía de tránsito entrenada en servicio y cultura ciudadana.

Las acciones de cultura ciudadana son, ante todo, una propuesta para que la cultura ayude a la ley a reducir la justificación moral o cultural de la ilegalidad.

Por ello, programas como los de educación ambiental, cultura tributaria, fiscal, financiera, de paz, de derechos humanos y otras que diversas organizaciones han implementado en Guatemala se beneficiarían de una conceptualización basada en diagnósticos de la cultura y cumplimiento de la ley en nuestro país, así como de un diseño multidisciplinario e integral.

La oportunidad que da un nuevo gobierno de repensar cómo hacer las cosas y la experiencia formativa del nuevo presidente, pueden constituirse en factores positivos para crear una nueva generación de políticas, que para lograr sus fines accionen para cambiar comportamientos que bloquean el logro del bien común en distintas áreas del quehacer del Estado.

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