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Alexander Aizenstatd, Columnas, Opinión — enero 28, 2016 at 1:56 pm

Desamparados

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El amparo como herramienta para violar derechos. 

Dicen que los derechos son poemas, si no existen medios para hacerlos valer. En ningún caso es esto más importante que con los derechos reconocidos en la Constitución. De poco sirve que se encuentren en el texto, si no se cumplen. Para hacerlos valer se han creado tribunales y procesos. Invertimos cientos de millones en ellos cada año. El principal de estos es el amparo.

El amparo tiene sus orígenes en la necesidad de defender a los individuos contra los actos de autoridad. No todos los países cuentan con un proceso similar. Pero en un Estado donde reiteradamente se violan los derechos de los ciudadanos, es importante como defensa. Es la posibilidad de oponer la Constitución al poder.

Cuando no existen límites, el mismo mecanismo creado para defender los derechos, sirve también para violentarlos. A veces la medicina puede resultar peor que la enfermedad. Podría decirse que el abuso del amparo es hoy en día la principal causa de atraso de los procesos judiciales. No es inusual un proceso con dos, tres o más amparos. Algunos, incluso, más de 10. Todo esto antes de la sentencia. De ahí que el mecanismo para hacer valer los derechos, incluyendo el derecho a la justicia pronta, tiene el efecto opuesto.

Ya se han intentado algunas soluciones, pero esta epidemia procesal requiere de medidas más enérgicas. Las multas de Q1 mil por amparo para algunos son simplemente parte del costo que se traslada al interesado. Muchos ni siquiera las pagan. El listado publicado por la Corte de Constitucionalidad refleja abogados que han acumulado casi Q100 mil en multas. Esto evidencia un abuso, pero también un descuido del tribunal al cobrar fondos que le corresponden. Pero nada de eso permite ignorar que si usted acude a solicitar los servicios de un abogado que debe Q25 mil en multas, o precisamente por eso, es también parte de uno de los mayores problemas de nuestro sistema de justicia.

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Aparte de las multas, la jurisprudencia debe también de reducir considerablemente los temas que pueden ser objeto de un juicio de amparo. Se creó para defendernos contra actos de autoridad. Pero ahora se presentan amparos de la más variada naturaleza, por ejemplo: para la verificación del pedigrí de un perro (Expediente 1104-2006), para determinar la sanción apropiada para alumnos de un colegio a quienes se les descubrió un envase de cerveza (Expediente 1104-2006) o por haber reprobado el curso de Matemáticas (Expediente 2026-2013). En esos casos, la Corte de Constitucionalidad casi se convierte en el órgano de apelación de la asociación canófila o del director del colegio. La Corte tiene que ser más enérgica para cerrar estas puertas. De poco sirve que lo diga precisamente, al concluir el amparo, varios años después de iniciado. No todos los temas ameritan ni merecen la atención del máximo tribunal constitucional de un Estado.

Tampoco es sostenible ni razonable un sistema donde se pueda acudir a un juez de cualquier parte del país para obtener un pronunciamiento provisional de amparo. Si un juez de una región sin punto de conexión con la controversia o sin fundamento emite un amparo, debería de tener consecuencias graves. No basta con que pueda apelarse. La Corte de Constitucionalidad tampoco puede dejar esto solo en las manos del Organismo Judicial. Como máximo tribunal constitucional debería, como mínimo, considerar retirarles a esos jueces específicos la facultad para conocer amparos en el futuro.

Es un problema complejo y hay muchas otras formas de enfrentarlo. Pero debe quedar claro que algo debemos hacer. La próxima elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, responsables por el sistema de justicia constitucional por los próximos 5 años, es clave. En caso contrario, el amparo seguirá siendo motivo de nuestro desamparo.

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