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Alexander Aizenstatd, Columnas, Opinión — febrero 25, 2016 at 11:00 am

El magistrado menos transparente

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En democracia, las decisiones no se toman en secreto.

(Foto: Luis Soto - CP)

(Foto: Luis Soto – CP)

En abril se renueva la Corte de Constitucionalidad, el tribunal que tiene la última palabra en asuntos de relevancia nacional y en la defensa de nuestros derechos. Cinco magistrados titulares e igual número de suplentes serán nombrados, cada uno por: el Congreso, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y el presidente. Todos han iniciado procesos de convocatoria pública, excepto el presidente. Este último aún mantiene en secreto el mecanismo de selección, los criterios de evaluación y los posibles candidatos.

Solo porque el presidente esté legalmente facultado para hacer un nombramiento, no significa que pueda hacerlo de manera arbitraria. No nombra acá a un representante suyo o persona de confianza sino a un magistrado que, con la debida independencia, deberá incluso de pronunciarse sobre actos del mismo presidente en el futuro. Tendrá que resolver en su contra más adelante, en lo que algunos llaman el deber de la ingratitud. Para garantizar la independencia del tribunal hasta las apariencias son importantes. Lo que está en riesgo es la confianza que la Corte debe de inspirar en la sociedad. Al mantener el proceso en secreto, debilita esa confianza y finalmente, al eventual magistrado también.

Ya no nos conformamos con que las autoridades hagan lo mínimo o se escuden en interpretaciones restrictivas de sus obligaciones legales. Si la transparencia y la democracia son principios esenciales que inspiran nuestro ordenamiento legal, eso implica que los actos de autoridad deben también de ser transparentes y democráticos. No pueden ser solo teóricamente legales sino que deben ser también democráticos en la práctica. Es cierto que la Constitución faculta al presidente para nombrar al magistrado. Pero también es cierto que dentro del sistema constitucional de derecho, decisiones de esa trascendencia no pueden tomarse de forma autoritaria.

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Podría el presidente estar bajo la impresión equivocada acerca de que realizar un proceso abierto lo debilita. Al contrario, lo fortalece. Ya las otras cuatro entidades lo han entendido así. Se ahorran futuras impugnaciones y reclamos. Le evitan un desgaste innecesario. También les permite someter al candidato al escrutinio de la sociedad. Ya decía el juez Brandeis que la luz del sol es el mejor desinfectante. Podrían obtener información relevante que quizás no tengan en cuenta ahora, y que es necesaria para una decisión informada. Ya los demás han transparentado los procesos que llevarán al nombramiento, excepto por el presidente, quien designará al magistrado menos transparente.

Un magistrado que llegue de manera clara, tendrá mayor autoridad para transparentar su gestión como presidente del tribunal y además para exigirla del Estado, en los casos que se le pidan juzgar. Podrá también revisar que los demás nombramientos dentro del Estado se hagan de forma similar. Un magistrado nombrado conforme a los principios que inspiran la Constitución, tendrá mayor legitimidad para hacerla valer.

Tampoco la transparencia es solución a todo, pero es un paso vital. Habrá luego que eliminar los engorrosos requisitos de papelería que piden para ser candidato y el excesivo rigor formal en el análisis de los expedientes. Las cualidades de un magistrado no se definen por su capacidad para pegar timbres fiscales. Pero en todo caso, la transparencia en la elección es un paso importante en la dirección correcta. Espero que el presidente recapacite y no designe en la Corte al magistrado menos transparente.

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