Carolina Roca, Columnas, Opinión — marzo 9, 2016 at 6:05 pm

¿Superintendente con demasiado poder?

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Eliminar el directorio de la SAT elevaría el riesgo de politización y discrecionalidad en una institución que necesita recuperar la confianza del contribuyente.

Superintendente con demasiado poder

Grandes quiebras y escándalos privados y públicos ocurridos en las últimas décadas dieron origen a códigos corporativos de conducta más estrictos. El Reporte Cadbury del Reino Unido (1992), que ha sido referente para la normativa sobre gobernanza, incluye entre sus principales recomendaciones: incorporar y dar peso mayoritario a directores externos independientes en los consejos directivos; elegir y alternar directores con participación de los interesados; diferenciar roles de directores y ejecutivos; transparentar y adoptar controles financieros; informar, monitorear y controlar la situación corporativa y la administración; gestionar de forma transparente la auditoría; y asegurar que nadie concentre el poder de decisión.

Otros instrumentos aplicados para evitar la corrupción, el conflicto de interés, el abuso de autoridad y la discrecionalidad así como para propiciar un gobierno abierto y participativo, son los códigos de ética, legislaciones firmes sobre responsabilidad administrativa, civil y penal de funcionarios públicos y normas de transparencia y rendición de cuentas. Luis Aguilar Villanueva, en su libro El Gobierno del Gobierno, hace ver que para corregir situaciones de alto riesgo, se introducen leyes corporativas que prescriben perfiles exigentes para los altos ejecutivos, crean órganos colegiados de alta dirección o buscan una composición equilibrada, representativa e independiente.

Siendo esas las tendencias de reforma de la institucionalidad pública, cabe reflexionar si Guatemala debe suprimir o fortalecer el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En la iniciativa de reformas a su Ley Orgánica, que se encuentra en discusión actualmente, una de las principales controversias gira en torno a la existencia y conformación del Directorio como máxima autoridad colegiada. Hay coincidencia sobre reasignar a una nueva instancia independiente de Apelación Administrativa Tributaria y Aduanera la función de conocer y resolver los recursos de los contribuyentes, que hoy corresponde al Directorio y que lo convierte en juez y parte porque también aprueba las normas internas, políticas y procedimientos. Quién y cómo se ejercen las funciones estratégicas, de política y de control son el eje de las diferencias de opinión. Algunos dialogantes abogan por suprimir el Directorio, otros por cambiar su composición y otros, por fortalecerlo y clarificar sus funciones.

Dejar esos quehaceres a cargo solamente del Superintendente, como plantean algunas propuestas, significaría concentrar demasiado poder en una sola persona, fusionar y centralizar la toma de decisiones estratégicas y las operativas y disminuir los mecanismos de rendición de cuentas con enfoques menos estrictos que los actuales. ¿Quién aprobaría el presupuesto, decidiría sobre las licitaciones, los procedimientos y las normas internas que hoy deciden los directores en su conjunto? ¿El Superintendente? Esto podría regresar a la SAT a los niveles de discrecionalidad y politización que existían en las antiguas direcciones generales de Aduanas y Rentas Internas y que fueron argumentos para sustituirlas por un ente descentralizado con independencia administrativa, técnica, funcional y financiera.

Igualmente, la propuesta de mantener el Directorio modificado, pero integrado solo con funcionarios públicos, supondría un retroceso en la participación ciudadana, la independencia institucional y facilitaría la politización en una institución que requiere de un balance en su estructura y de pesos y contrapesos en la toma de decisiones.

La tercera opción es fortalecer y hacer más eficaz el Directorio de la SAT. Habría que mejorar las normas para elegir y nombrar a los directores no funcionarios, mantener al ministro de Finanzas como presidente, posiblemente reducir el número de directores, clarificar las funciones entre ese órgano y la administración, fortalecer sus responsabilidades de estrategia, seguimiento y control, generar la obligación de contar con un código de ética que establezca cómo tratar los conflictos de interés y evitar influencia de los directores en casos de contribuyentes, así como hacer que las instancias de investigaciones internas y auditoría le reporten directamente

Ni la figura de Directorio ni ninguna otra disposición legal, garantizan la honradez de los humanos que integran la SAT. A pesar de ello, y de lo difícil, costoso y a veces frustrante que es llevar cada asunto estratégico y administrativo a discusión y diversidad de opiniones de los directores, en aras de la rendición de cuentas, de decisiones maduradas y del ejercicio democrático, considero que la imperfecta, pero más sana decisión que tenemos es mantener el Directorio de la SAT con los cambios que aquí se proponen.

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