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Centroamérica, Mundo — marzo 21, 2016 at 4:30 pm

El país más violento del hemisferio (y acaso del mundo)

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La política local de El Salvador ha convertido en algo parecido a traición a la patria, la sola mención del diálogo con los grupos de pandilleros. La Tregua quedó muy atrás y no es una opción de momento.

*Artículo publicado en la edición inicial de ContraPoder Centroamérica, el 26 de febrero de 2016.

Fotografía: Marvin Recinos/AFP

Fotografía: Marvin Recinos/AFP

En la década de 1980, todos los odios del mundo cupieron en el país más pequeño de América Central. En el marco de la Guerra Fría los salvadoreños se mataron con fruición, con un rasgo de crueldad que se nutrió de todos los orgullos y de todos los miedos de la época: El Salvador fue el escenario de la mayor masacre en aquella América Latina –que no es poco decir-, se asesinó a un arzobispo mientras decía misa; se torturó, se desapareció…

Se estima que Estados Unidos invirtió cerca de un millón de dólares diarios en los primeros años del conflicto y que varios países socialistas aportaron también una cuota de dinero y armas para la guerra, aparte de entrenamiento y respaldo diplomático. La Comisión de Derechos Humanos calculó que, en 1981, 700 personas fueron asesinadas cada mes. La guerra civil comenzaba enloquecida, imparable.

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Tapalhuaca. Víctima de los Salvatrucha. Fotografía: Marvin Recinos/AFP

Tapalhuaca. Víctima de los Salvatrucha. Fotografía: Marvin Recinos/AFP

Mayo de 2015 hizo sonar las alarmas cuando al final de mes se contaban 643 asesinatos y se le coronaba públicamente como el mes más violento desde el fin de la guerra civil. En junio de ese año hubo 677 homicidios y mayo perdió el título, hasta que llegó agosto con 918 personas asesinadas. Enero de 2016 comenzó con 738 y febrero rondará esa cifra.

La tasa de homicidios de El Salvador es la única de tres dígitos en el continente: 103 por cada cien mil habitantes. Si esa misma tasa flotara, como una nube contagiosa, por la región, en Guatemala morirían más de 16 mil personas al año y en Honduras, más de 8 mil.

La escalada de asesinatos sin precedentes inició justo después de que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén terminara de desbaratar lo que quedaba del pacto que su antecesor, Mauricio Funes, acordara con las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18 en marzo de 2012.

La Tregua, como se conoció al pacto promovido por el Gobierno, consistió en una serie de acuerdos entre este y las cúpulas nacionales de las pandillas, que iniciaron con el traslado de 30 líderes –15 de la MS-13, y 15 del Barrio 18– desde el único penal de máxima seguridad en el país, hacia penales regulares, controlados por estas pandillas. A cambio, los líderes o “ranfleros”, ordenaron a sus estructuras detener la guerra por territorios. En solo un fin de semana la orden fue acatada de manera sorprendente y los asesinatos se redujeron a cerca de la mitad de un plumazo.

Campaña anti armas. Una vieja iniciativa apoyada en Santa Tecla. Fotografía: José Cabezas / AFP

Campaña anti armas. Una vieja iniciativa apoyada en Santa Tecla. Fotografía: José Cabezas / AFP

Por decreto pandillero, El Salvador abandonó el podio de los países más violentos del continente, y terminó rebasado por Belice, Venezuela y Jamaica.

Sorprendido por el nivel de autoridad que habían mostrado los “ranfleros”, el entonces ministro de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, se convenció de la necesidad de empoderar a sus interlocutores: necesitaba que las cúpulas pandilleras que habían propiciado el acuerdo, acrecentaran su poder dentro de las pandillas y garantizar así que estos permanecieran al frente de sus estructuras.

El Gobierno quitó a la Fuerza Armada el control de los dispositivos de seguridad en los centros penales; les permitió a las cúpulas ofrecer cotidianas conferencias de prensa al interior de las cárceles; los trasladó con regularidad hacia una prisión “neutral” para que sostuvieran encuentros directos entre ellos y permitió a líderes en libertad ingresar a esas reuniones; convocó al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, como garante del proceso y lo reunió, a solas y a puertas cerradas, con los líderes nacionales de las pandillas quienes le entregaron un pliego de peticiones, dirigidas al presidente Mauricio Funes.

Pese a lo anterior, el Gobierno siempre negó que estuviera dialogando con las pandillas y la posición oficial es que su papel era de un simple “facilitador” en el diálogo voluntario entre la MS-13 y Barrio 18. Por un lado, el presidente Funes reivindicaba la reducción de asesinatos como uno de sus logros y por el otro se desmarcaba de cualquier acuerdo con esas organizaciones criminales.

Lejos de aplaudir la reducción de homicidios, la sociedad civil repudió La Tregua, como un pacto oscuro con pandilleros. La falta de claridad del Gobierno sobre su papel en el arreglo dio lugar a un sinfín de especulaciones y la oposición política percibió con claridad un flanco débil y un tema sensible para atacar al partido en el gobierno durante las elecciones.

La Tregua y su reducción de asesinatos duró con pleno vigor 15 meses, luego de los cuales se deterioró: los operadores del proceso –un exasesor del ministro y el obispo castrense– se convirtieron en parias y se les prohibió entrar a ninguna cárcel; los pandilleros no pudieron reunirse más en la prisión neutral y eso, aseguraron, les dificultaba solucionar conflictos, detener cadenas de venganzas, apagar fuegos.

El partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comprendió que aquello no era un tema ganador y abjuró todo lo que pudo de La Tregua para defenderse de una campaña opositora basada, fundamentalmente, en acusar al gobierno de haber pactado con las pandillas. Sánchez Cerén, candidato del FMLN, apenas ganó por 6 mil votos y enseguida supo que tenía que deshacerse a como diera lugar de cualquier resabio de aquel experimento, así que a principios de 2015 regresó a todos los líderes pandilleros a la prisión de máxima seguridad y les hizo acompañar de otros más que también fueron claves en el proceso.

La autoridad de las pandillas en las calles se atomizó; cada “palabrero” o líder local se convirtió en un pequeño rey de su territorio y la violencia comenzó a cobrar una cadencia desordenada, imprevisible. Los reclutamientos o “brincos” de nuevos pandilleros –que durante La Tregua se mantuvieron al mínimo– se dispararon por la necesidad de reforzar el control territorial y de reponer a los “soldados” asesinados. La necesidad de recursos aumentó y por lo tanto, las extorsiones a pequeños comercios incrementaron, en algunos casos, al doble o triple. Las armas en el mercado negro subieron de precio y el aumento en su demanda es incluso sensible en Guatemala: una fuente del Ministerio de Gobernación guatemalteco aseguró que en los únicos dos departamentos fronterizos con El Salvador, Chiquimula y Jutiapa, es imposible encontrar fusiles en el mercado negro de armas.

Destacado-ElSalvadorDesde la prisión de máxima seguridad, las cúpulas pandilleras han enviado mensajes que demuestran que conservan su autoridad y su capacidad de coordinación con los enemigos. Por ejemplo, en julio ordenaron un “toque de queda” nacional durante una semana. La amenaza, difundida por las pandillas a través de panfletos y amenazas directas, consiguió paralizar el transporte público y obligar a los comercios, desde los pequeños quioscos informales, hasta las cadenas trasnacionales, a cerrar antes de su horario habitual. El gobierno dijo haber atajado la situación porque desplegó camiones militares para transportar a la población y porque arrestó a varios pandilleros a los que acusó de haber incitado el paro.

La respuesta del Gobierno a la arremetida pandillera, resultó como apagar un incendio con gasolina: le apostó a una estrategia de desgaste, donde soldados y policías debían –se supone– golpear a las células pandilleras, o clicas, hasta hacerlas desaparecer. Arreciaron los operativos masivos en comunidades y todos los controles por uso excesivo de la fuerza, básicamente desaparecieron. Los cuerpos de seguridad entendieron de una forma demasiado literal la estrategia de “golpear” a las pandillas.

Se hicieron frecuentes escenas en las que la Policía asegura haberse visto en la obligación de asesinar a varios pandilleros para repeler su ataque, dejando como saldo escenas en las que muchachos jóvenes aparecen con disparos en la nuca y portando armas en posturas inverosímiles. Algunos medios de comunicación han conseguido demostrar que la Policía ha asesinado a civiles por creerlos pandilleros o por no dejar testigos del asesinato de pandilleros que ya se habían rendido. El exdirector de Medicina Legal, dijo que los cadáveres de esas escenas presentaban patrones comunes, como huellas de pólvora o la ubicación de los disparos, que le hacen pensar en asesinatos sumarios.

Las pandillas han aceptado subir la apuesta: 64 policías y 24 soldados fueron asesinados durante 2015. La mayoría fueron interceptados mientras estaban de licencia. Algunos fueron torturados con saña. No hay un conteo oficial de esposas, hermanos, madres e hijos de elementos de seguridad pública víctimas de las pandillas, pero la única asociación de policías de nivel básico, asegura que son cientos; que sus elementos viven bajo acoso, que es normal que un policía tenga que dejar su casa por acoso pandillero. Durante ese año ocurrieron, al menos, tres atentados con granadas o con ráfagas de fusil contra delegaciones de policía y al menos una base militar.

La Policía y las pandillas terminaron el año entendiéndose en guerra; ojo: no en conflicto legal, no de lados distintos de la ley… sino en guerra.

La política salvadoreña ha convertido en algo parecido a traición a la patria la sola mención de la opción del diálogo y el Gobierno ha redoblado su apuesta por ganar el pulso a las pandillas. En la actualidad, el ministerio y el viceministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Inteligencia del Estado, la Policía Nacional Civil y la dirección de Migración, o sea todo el gabinete de seguridad pública, están en manos de policías de carrera.

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Capturas. Los más jóvenes en la guerra. Fotografía: Marvin Recinos/AFP

Capturas. Los más jóvenes en la guerra. Fotografía: Marvin Recinos/AFP

Los números rojos de El Salvador abren la tentación intelectual de jugar a buscar símiles entre la guerra civil de los ochenta y la actual situación; decir, por ejemplo, palabras como masacre o terroristas o torturas o desaparecidos o control territorial… y buscar en ellas una clave que conecte ambas cosas. Eso o intentar hacer calzar la violencia pandillera con un conflicto de clases, entendido, desde luego, con categorías ochenteras. Sin embargo, la sangre que se derrama hoy es hija de laberintos menos diáfanos; ausentes de ideologías y de discursos articulados y, por ello, más compleja.

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