Alexander Aizenstatd, Columnas, Opinión — marzo 30, 2016 at 5:05 pm

¿Injerencia del cuerpo diplomático?

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Derechos y obligaciones de los embajadores.

Foto: Dafne Pérez - CP

Foto: Dafne Pérez – CP

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es el principal instrumento internacional que rige la conducta del cuerpo diplomático. Le otorga inmunidades, delimita sus funciones y además, en su artículo 41, indica que los diplomáticos están “obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos”. No da mayor detalle, ni queda claro el alcance de esta oración. Si acudimos a los trabajos preparatorios de ese instrumento, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional, da un único ejemplo: indica que se contraviene si el diplomático participa en campañas políticas. Honduras presentó un caso contra Brasil ante la Corte Internacional en el 2009, argumentando violación de ese artículo por dar asilo a Zelaya en su embajada. El caso se desistió poco después y por lo tanto no contamos con sentencias a nivel internacional que den mayor claridad. Otros Estados que han argumentado violaciones al artículo 41, pero no han presentado reclamaciones judiciales, son Venezuela, Angola, Zimbawe, Haití, Namibia y Sudán. Ahora, también Guatemala.

Sería un error interpretar el artículo 41 de forma aislada. Los diplomáticos tienen límites en sus funciones, pero también tienen derechos que la misma Convención les otorga. El artículo 3, por ejemplo, les garantiza el derecho de proteger los intereses de su Estado y los de sus nacionales, y de enterarse de la evolución de los acontecimientos en el país en donde estén acreditados. El artículo 25, además, obliga a nuestro Estado a darles todas las facilidades para ello.

Las funciones del cuerpo diplomático según el artículo 3 son bastante más amplias. Por ejemplo, si somos parte de un mismo tratado con otro Estado, eso razonablemente permite a un embajador sostener que el desarrollo en esos temas es de su interés. Ahora, si vemos el contenido del Tratado de Libre Comercio entre República Dominica, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA, en inglés) o el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea –especialmente la sección de Diálogo Político–, o de tratados de derechos huma- nos podemos apreciar que su alcance es sumamente extenso, incluyen por ejemplo: seguridad, justicia, corrupción, fortalecimiento de partidos políticos y muchos otros. Que un embajador esté interesado en el desarrollo de los temas que hemos acordado con su Estado, más que una invasión a la soberanía, parece el desarrollo normal de sus funciones.

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Es claro que no podría un embajador, por ejemplo, apoyar una marcha en contra del Gobierno, pero sí podría observarla. Puede, también, válidamente asistir a un juicio como observador. Especialmente si los delitos son de interés internacional. Nuestro mismo código penal, incluso, denomina a ciertos delitos como “Delitos de Trascendencia Internacional”. Más que una contravención a sus obligaciones, parece que limitar el derecho de un embajador a acudir constituiría una violación de Guatemala al artículo 25. Ahora, si la crítica radica en que los jueces podrían basar sus decisiones por la presencia de embajadores en el público, el problema es mucho mayor. Pero que no tiene relación con la Convención sino con nuestras autoridades. Los embajadores están amparados para acudir a audiencias judiciales públicas, tanto por la Convención como por nuestro derecho interno.

Distinto caso ocurre cuando el presidente del Congreso indica que los diputados designan a funcionarios públicos siguiendo “instrucciones en inglés”, o según lo que diga una embajada. Girar una instrucción sería una intromisión, pero aún más grave sería obedecerla. De ser cierto, esto amerita investigación y en su caso, castigo a los diputados.

Con la imprecisión de las declaraciones de algunos funcionarios y la poca información disponible, más parece que lo que hay es una diferencia de posiciones ideológicas. Pero de hechos concretos no se aprecia una ilegalidad. No compartir una postura es una cosa, pero enmarcarlo como un tema de derecho por violación a la Convención, has- ta ahora no parece tener mayor sustento. Además, resulta poco diplomático.

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