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Columnas, Jonathan Menkos, Opinión — marzo 30, 2016 at 5:29 pm

Sin transparencia no hay legitimidad

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Abrir las cuentas y los quehaceres públicos al dominio ciudadano aumenta el bienestar, la seguridad y la identidad social.

Foto: Luis Soto - CP

Foto: Luis Soto – CP

Está por cumplirse un año desde el día que los guatemaltecos se animaron a tomar las calles para luchar en contra de la corrupción y exigir la salida de los gobernantes que no utilizaron el poder público para servir, sino para servirse.

Los hechos que conocemos hoy sobre La Línea, así como los casos del lago de Amatitlán y del contrato IGSS-Pisa, nos permiten reconocer que la opacidad fiscal –es decir la lenta y poca difusión sobre cómo se recaudan y ejecutan los recursos públicos– abre las puertas a malas decisiones gubernamentales. Asimismo, la opacidad genera un enorme déficit en la legitimidad de los gobiernos que los puede hacer insostenibles políticamente.

Como bien apunta Jurgen Habermas: “La opacidad en lo público provoca una pérdida del poder adquisitivo de las urnas”. Los ciudadanos de este tiempo se preguntan constantemente qué sentido tiene votar si solo en ese momento tan puntual se toma en cuenta su opinión, socavando con ello la idea de la democracia como régimen político en el que el pueblo es el soberano. En todo caso, cada día más, los políticos deben saber que no hay representación legítima sin la publicidad plena de todos sus actos. Los ciudadanos quieren conocer quiénes son los financistas de las campañas políticas al tiempo en que desean saber quiénes evaden sus impuestos, quiénes hacen donaciones al Estado o son contratistas, quiénes pagan sus impuestos y en qué se invierten esos recursos.

Estamos en el siglo del cuestionamiento social en el que funcionarios y políticos, los verdaderos no los que comercian con el oficio, deberían ver esto como una oportunidad para reivindicar el rol del Estado. Urge, en la sociedad, comprender lo público como espacio para la construcción del bien común; lo público como lo opuesto al interés gremial y lo público como lo contrario al secreto. Hoy, lo público es visto como espacio para las transas, el financiamiento espurio de la política, las negociaciones bajo la mesa y el beneficio de unos pocos.

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La transparencia fiscal, al abrir las cuentas públicas y los quehaceres del Estado al dominio ciudadano, se convierte en un medio para lograr legitimidad gubernamental, pero también para mejo- rar el bienestar social, la seguridad y la identidad social. Esta transparencia fiscal debe contar con espacios para la información, la difusión, la educación y la acción ciudadana. Asimismo, debe transparentar lo que sucede con los ingresos, el gasto y la deuda pública. Con respecto a los ingresos, los ciudadanos deben saber lo que se recauda y lo que se deja de recaudar como resultado de privilegios fiscales y tratos especiales. Sobre el gasto público, la transparencia debe ofrecer a la ciudadanía explicaciones sobre cómo se ejecutan los recursos, con qué objetivo, en dónde y para el beneficio de quiénes. Finalmente, sobre la deuda pública, la trans- parencia debe permitir reflexionar sobre las condiciones en que se contrae, si hay un manejo estratégico y si hay otras opciones de financiamiento.

Las experiencias internacionales en transparencia fiscal nos revelan que los Estados con un nivel alto de calificación en esta materia, cuentan con tres elementos indispensables. Pri- mero, voluntad política para pasar del discurso a la acción. Segundo, sostenibilidad del trabajo, es decir un plan de transparencia fiscal con visión de Estado que abarque más de un gobierno y que cuente con recursos e institucionalidad para su ejecución. Tercero, la comprensión de que este es un proceso de maduración que inicia con el acceso a la información públi- ca, para ir avanzando hacia espacios de mayor participación ciudadana en las decisiones públicas.

En Guatemala, el gobierno actual tiene el reto de entregar a la ciudadanía una agenda de transparencia fiscal estructurada, con metas concretas y con instituciones que le den vida. Una agen- da que acerque la función pública al ciudadano, para fomentar su participación y la rendición de cuentas. Nadie quiere seguir conociendo cómo se gestionan los asuntos públicos a través del testimonio de colaboradores eficaces. Por el bien de la demo- cracia y por una mayor legitimidad urge avanzar en la institucionalización de la transparencia fiscal.

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