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Actualidad, Nacionales — abril 5, 2016 at 7:55 pm

Rivas sepulta el contrato de control migratorio

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Diez meses después de que Mauricio López Bonilla rescindiera el contrato para el control migratorio, el ministro de Gobernación Francisco Rivas confirma el rechazó del recurso de revocatoria presentado por Security Assistance Group (SAG) Guatemala.

Lectores de pasaportes. (Foto: Dafne Perez / CP)

Lectores de pasaportes. (Foto: Dafne Perez / CP)

Durante la sesión de Gabinete del lunes, el director de Migración, Luis Gómez Quilo, explicó presidente Jimmy Morales y a los ministros que los empresarios del turismo solicitaban que el contrato de control migratorio quedara sin efecto. Consideraban que el impuesto de US$15 que se cobraría a los pasajeros en los boletos aéreos desincentivaría la industria.

Francisco Rivas ofreció una conferencia de prensa para informar que no revocaría la rescisión del contrato suscrito entre la Dirección General de Migración (DGM) y la empresa Security Assistance Group (SAG) Guatemala. El año pasado, la exministra Eunice Mendizabal también había rechazado el recurso presentado por la subsidiaria del grupo suizo. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió en febrero una resolución en la que aseguraba que el contrato era válido. Eso revivió la esperanza de la empresa y la polémica del caso.

Rivas expresó que “el dictamen de la PGN se emite bajo condiciones extrañas porque no se le solicitó opinión”. Agregó que “a mi criterio no es vinculante y por lo tanto no tengo por qué atenderlo”. Este es el segundo dictamen que emite la Procuraduría. El primero, presentado en septiembre de 2015 recomendaba la anulación del contrato, el segundo y más reciente sugería lo opuesto.

Hace unas semanas la jefa de la PGN, María Eugenia Villagrán, habló con Contrapoder y explicó que en la primera ocasión el Mingob no le había compartido el expediente completo. Realizó una segunda revisión y emitió un segundo dictamen después de que SAG le llevó todos los documentos y solicitó una nueva opinión el pasado enero.

El Ministro afirmó que ya solicitó el apoyo del departamento de Homeland Security del gobierno de Estados Unidos para realizar un diagnóstico del control migratorio nacional. Al tener los resultados se decidirá qué tipo de sistema se implementará para reforzar el control en fronteras, puertos y aeropuertos.

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(Foto: Luis Soto / Contrapoder)

Cita en tribunales

El contrato firmado entre SAG y Migración no incluía una clausula que permitiera ser anulado de forma unilateral, como sucedió. El siguiente paso será que SAG iniciará un proceso judicial para denunciar la violación. Al ser cuestionado al respecto, Rivas contestó “Ese sería el mejor escenario. Es un espacio democrático donde vamos a estar ante un tribunal, dos partes, dilucidando una controversia. Creo que es lo más justo en un Estado de derecho.”

Contrapoder habló con Gustavo Brignone, presidente y Chief Executive Officer de SAG, quien explicó que hace unas semanas él y su equipo se reunieron con Rivas para explicarle el contrato y todo lo que se había actuado. Afirma que SAG le facilitó toda la información disponible a Gobernación y que han tenido más de 26 reuniones con funcionarios de gobierno y empresarios para explicarlo. “El Ministro tomó la decisión de no actuar. A nosotros nos parece correcto pero tenemos un tema empresarial muy grave. Al día de hoy tenemos una inversión mayor US$30 millones, y en seis años la inversión iba a ascender a más de US$62 millones” explica Brignone. La empresa ahora iniciará un proceso judicial para dilucidar el futuro del contrato. “Nos presentaremos a decir la verdad, demostrar las cosas que hemos hecho y lo único que vamos a pretender es que nos digan si actuamos bien o mal. Creemos que la rescinsión es ilegal y creemos en las leyes de Guatemala”.*

Un caso polémico

Una de las últimas acciones que tomó Mauricio López Bonilla antes de dejar el Ministerio de Gobernación (Mingob) fue rescindir el contrato para el control migratorio, firmado entre esa dependencia y la empresa suiza SAG.

El contrato contemplaba la compra, operación y mantenimiento de equipo para un mejor control migratorio. Este sería financiado por los pasajeros que ingresaran al país de forma aérea, cada boleto pagaría US$15 y así se subsidiaría el control migratorio en vías aéreas, terrestres y marítimas.

López Bonilla lo rescindió por una recomendación de la Contraloría General de Cuentas, quien argumentó que había anomalías en el proceso de licitación. SAG presentó un recurso de reposición y este fue declarado sin lugar por Eunice Mendizabal. El contrato no estipulaba esta acción unilateral y por eso pidieron una nueva opinión de la PGN. Ahora, el actual Ministro confirma que se mantendrá de esa forma.

*Nota del editor: información agregada el martes 6 de abril a las 10:00 horas.

Caos migratorio

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