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Centroamérica, Mundo, Seguridad — mayo 13, 2016 at 1:58 pm

Chiquita y su contrato grandote

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La Procuraduría General de la Nación (PGN)  presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) en contra del contrato de arrendamiento entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovias) y la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), subsidiaria de Chiquita Brands International.

Cobigua firmó en el 2000 un contrato de arrendamiento que se vence hasta 2048. A pesar de que tenía un contrato de ususfructo oneroso que venció en 2015. Con motivo de la denuncia de la PGN, el Archivo CP trae a cuenta la nota publicada el 29 de abril, en la edición 151 del impreso.

Contenedores de Chiquita en Puerto Quetzal. Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

Contenedores de Chiquita en Puerto Quetzal. Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

Los edificios aledaños al muelle de Puerto Barrios lucen abandonados, y las calles, deterioradas. Los usuarios responsabilizan de ello a la Cobigua. Afiman que esta ha incumplido con su obligación mantener en buen estado las instalaciones a la portuaria.

Pero lo que más les molesta es la supuesta “arbitrariedad” con la que la compañía –subsidiaria de Chiquita Brands International y propiedad de los grupos brasileños Cutrale y Safra desde octubre de 2014– asigna los turnos para cargar y descargar los contenedores. “Le dan prioridad a su fruta y luego nos toca a los demás. Antes no era así”, aseguran.

El 25 de febrero de 2015, venció el contrato de usufructo oneroso por medio del cual Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) otorgó el muelle a Cobigua y cobró vigencia otro, suscrito entre esta y la Ferrovias. El primero establecía que la junta directiva estaría integrada por un representante de la Presidencia, que por lo general era el interventor, por uno del Ministerio de Finanzas y por uno de la bananera. Entre todos establecían los criterios para ordenar el tráfico de contenedores. Pero el segundo ya no obligaba a sentar en la mesa a los funcionarios y todas las decisiones quedaron en manos de la empresa.

Productores del área aseguran que Dole, la otra bananera que utiliza el muelle de Puerto Barrios, se ha visto obligada a embarcar fruta desde Santo Tomás. “Del Monte ya salía desde allá y no ha tenido tanto problema”, indican.

Manrique Bermúdez, director de Logística de Chiquita Brands para Latinoamérica, refuta los señalamientos. “Valoramos equitativamente los intereses de todos los clientes. Este año, Dole dejó de utilizar las instalaciones de Puerto Barrios sin previa notificación por un período de tres meses, pero reanudó su uso a partir del 30 de marzo y está exportando normalmente”, afirma.

ContraPoder solicitó a Arturo Soto, abogado de Dole, su opinión al respeto. Pero este ofreció devolver la llamada y no lo hizo.

El personero de Chiquita Brands dice que la carga de Puerto Barrios se ha incrementado y que la compañía emitió en enero una nueva normativa de despacho. “La entrega de contenedores debe realizarse 24 horas antes de la llegada del barco. La regla se aplica a todos los usuarios, incluyendo Chiquita, de forma objetiva y general”, añade.

Las autoridades han establecido mesas de diálogo para solucionar las diferencias entre Cobigua y los otros usuarios del muelle. “Hemos ratificado en las mesas de trabajo la apertura de Chiquita para proveer los servicios a todos los que lo soliciten bajo la reglamentación, espacios de almacenamiento disponibles y tarifas aprobadas por la directiva de Puerto Barrios”, afirma Bermúdez.

Pero a los usuarios del muelle no les basta la palabra de los representantes de Cobigua. Algunos han solicitado a las autoridades anule el contrato que Ferrovias le otorgó a la bananera y que sea el Estado quien administre el muelle.

Los contratos

Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

Fernando Antonio Leal Estévez, interventor de Fegua durante el Gobierno de Vinicio Cerezo, suscribió el 23 de febrero de 1990 un contrato de usufructo oneroso con el representante de Cobigua, Manuel Mena Striker. Otorgó a la bananera 35 mil metros cuadrados para que, en un plazo de 18 meses, reconstruyera y administrara el muelle, pues la empresa de ferrocarriles carecía de recursos para hacerlo.

El contrato se firmó por un plazo de 25 años. Cobigua invirtió alrededor de Q400 millones y logró agilizar el despacho de mercadería. Sin embargo, en marzo de 1996, Fegua suspendió sus operaciones y, un año después, el gobierno de Álvaro Arzú, adjudicó un contrato de usufructo oneroso a Ferrovías para que remozara y operara el sistema ferroviario del país. La empresa también fue autorizada para prestar servicios complementarios, “no necesariamente ferroviarios dentro del derecho de vía e inmuebles” de Fegua.

El 29 de noviembre del año 2000, cuando aún hacían falta 15 años para que venciera el contrato otorgado por Fegua a Cobigua, Ferrovías otorgó a la bananera un nuevo contrato. Este le concedía a Chiquita la administración del muelle por un plazo de 33 años contados a partir de 2015. En otras palabras, hasta el 22 de febrero de 2048.

Cobigua pagaría a Ferrovías el 2 por ciento de los ingresos brutos mensuales durante el período comprendido de enero de 2001 a febrero 2015, y el 4 por ciento de marzo hasta el vencimiento del contrato.

Algunos usuarios afirman que la suscripción de este segundo contrato es irregular y podría considerarse un caso de usurpación agravada y estafa. “Lo firmaron cuando no había terminado vencido el primero. Dispusieron de bienes públicos que nunca fueron inscritos en el contrato de usufructo y quedaron sin la tutela. No lo podían ceder, lo tenían que entrar a Fegua”, advierten.

Y mientras los usuarios de Puerto Barrios cabildean para que el Ejecutivo retome el control del muelle, Chiquita asegura que cumple con sus obligaciones como administradora del muelle. “Invertimos US$13 millones en un atracadero para buques de mayor calado, ampliamos el muelle y los patios, e instalamos un muelle flotante”, puntualiza Bermúdez.

Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

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