Columnas, Cristhians Castillo, Opinión — mayo 14, 2016 at 6:42 am

¿Estado criminal?

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Creer que la justicia penal es la única vía para combatir la corrupción, es ingenuo. Revisemos los valores de la sociedad, ahí está el origen de la corrupción.

Roxana Baldetti, en una de sus comparecencias en Tribunales. Fotografía: Luis Soto/ContraPoder

Roxana Baldetti, en una de sus comparecencias en Tribunales. Fotografía: Luis Soto/ContraPoder

Definitivamente, ha quedado en evidencia que hay una limpia generalizada en el país de una serie de estructuras criminales que operaban, si no con la protección de la institucionalidad, sí con la colusión de intereses que repartía los beneficios de mover al margen de la ley, múltiples negocios lícitos (con privilegios) e ilícitos.

El combate a la impunidad ha pasado por la etapa de la lucha frontal contra el narcotráfico, que ya enfrentó la justicia guatemalteca. Muchos de los capturados de familias tradicionales de narcotraficantes fueron investigados, capturados y deportados durante el período de la anterior fiscal y, a la actual, le tocó investigar a mandatarios de Estado, quienes hoy están ligados a procesos y que presuntamente tenían vínculos con nuevas estructuras de narcotráfico, que irrumpieron ante el descabezamiento de los patriarcas de las drogas.

En los negocios como en la política, a veces la moral sale sobrando y el poder y la ganancia sacrifican a los buenos modales; es por ello que el siguiente nivel de esterilización debía ser la institucionalidad “democrática”, pues desde el Gobierno, se pueden beneficiar negocios con el Estado, crear plazas fantasma, dar privilegios, hasta modificar los montos de ley que deben ser tributados.

El combate a cuerpos ilegales ha desenredado una madeja de intrincadas relaciones que tejieron los mecanismos de operación, que van desde la informalidad hasta la criminalidad de proporciones transnacionales. Modelos de negocios que evaden impuestos como ventaja competitiva; jueces que prevarican; funcionarios que se hacen de la vista gorda o trafican influencias, empresas internacionales que aceptan condiciones ilegales para operar, redes criminales de extorción y aprovechamiento de los vacíos de la ley son, entre otros, los casos de alto impacto que se litigan en un sistema judicial que clama por independencia.

En los negocios como en la política, a veces la moral sale sobrando y el poder y la ganancia sacrifican a los buenos modales

A primera vista, no hay necesariamente vínculos entre los diversos delitos que son llevados ante la justicia. Sin embargo, la corrupción que durante un año se ha destapado, tiene raíces profundas en la historia reciente del país. El asombro de los actores criminales que hoy han quedado en evidencia, es motivado porque aún no comprenden cómo un Estado –que no tiene presencia en el territorio, que es débil financieramente y que además penetraron hasta los más altos niveles–, no solo ha desestructurado los rieles de los negocios turbios, sino está poniendo en riesgo hasta las alianzas más protegidas y blindadas por la impunidad en el país.

El temor se apodera de quienes, conociendo el techo de vidrio que los cobija, pueden salir señalados de ser parte de los problemas del país, que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y que llevan ante la justicia a políticos, jueces, empresas y todo tipo de actores
presuntamente criminales, que tienen al país sumido en sus miserias.

¿Cómo explicarle a las nuevas generaciones que los hechos criminales que hoy salen a luz, han sido posibles a pesar de las más de 70 mil leyes vigentes en el país? ¿A quién responsabilizamos por la burla a la institucionalidad y el fracaso del sistema de fiscalización de pesos y contrapesos de la república guatemalteca? ¿Hasta dónde llegan los vínculos oscuros de quienes hoy están en el banquillo de los acusados? ¿Qué impacto tendrá en la economía del país, arrancar de raíz negocios ilícitos que han aceitado el flujo de capitales y han contribuido a la prosperidad de actores económica y políticamente poderosos?

Hoy, la incómoda metástasis que devora diversos ambientes del Estado en Guatemala, se erige como una amenaza internacional que debe ser extirpada desde la raíz. ¿Se llegará a la causa de las desigualdades, o solo se quedará en una nueva reingeniería de la superestructura institucional? Sea cual sea el desenlace, ojalá que la condición de vida del 60 por ciento de pobres en el país mejore, ese debiera ser el principal resultado esperado.

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