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Análisis, Economía — mayo 19, 2016 at 3:38 pm

Jimmy y la bomba de TCQ

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Jimmy Morales se reunió esta semana con representantes de APM Terminal, una división del gigante danés A.P. Moller-Maersk que compró en marzo el 100 por ciento de las acciones de Grup Marítim TCB y, en consecuencia, se convirtió en el dueño de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

De acuerdo con declaraciones dadas por el comisionado presidencial Enrique Godoy al programa A primera Hora, el propósito de la visita no solo era informarse del proceso penal abierto en contra de Juan José Suárez, sindicado de pactar en nombre de TCB una coima de US$30 millones para obtener el usufructo oneroso que permitió la construcción de una terminal de contenedores en terrenos de la portuaria Quetzal. También era ejercer su derecho y solicitar que el Ejecutivo agilice los trámites que hacen falta para que TCQ inicie operaciones, dado que el contrato sigue vigente.

Este es el análisis del embrollo legal en que se encuentra el estado por el caso de corrupción de TCQ. Fue publicado el pasado 5 de mayo en la edición 152 de ContraPoder.

Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

Fotografía: Dafne Pérez/ContraPoder

El Ejecutivo se mueve con cautela. Cualquier movimiento en falso podría detonar una querella legal en contra del Estado y encender los ánimos de la ciudadanía. La demanda de nulidad del contrato suscrito entre la portuaria y TCQ es solo el primer paso en la desactivación de las minas que sembró el gobierno patriota.

La primera fase de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en terrenos de la portuaria había concluido. Solo hacía falta que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) autorizara el depósito aduanero temporal, y que la Comisión Portuaria Nacional y el Viceministerio de Marina certificaran las instalaciones.

Pero los trámites se detuvieron el 15 de abril. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala acusaron a los españoles Ángel Pérez-Maura García y Juan José Suárez Meseguer de ofrecer US$30 millones y pagar al menos US$12 millones para conseguir que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) otorgara un contrato de usufructo oneroso a la subsidiaria de Grup Marítim TCB. Los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti encabezaban la lista de trece personas que se habrían beneficiado de la coima.

El caso de corrupción desató voces de indignación. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales tardó dos semanas en pronunciarse. Y fue hasta el pasado 28 de abril cuando instruyó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que demandara la nulidad del contrato ante un juzgado.

La decisión no fue fácil. Las implicaciones del caso TCQ no tienen precedentes. La subsidiaria de Grup Marítim TCB invirtió alrededor de Q177 millones en la construcción de la primera fase de la terminal y, de ese monto, US$121.3 millones correspondían a tres préstamos: US$61.3 millones de la Cooperación Financiera Internacional (IFC), el brazo del Banco Mundial que financia proyectos privados de desarrollo; US$40 millones del grupo G&T Continental; y US$20 millones del Banco Holandés de Desarrollo.

Había otros agravantes. Uno de ellos era que el IFC había aportado US$7.7 millones adicionales y se había convertido en propietario del 15 por ciento de las acciones de TCQ. Y otro que, en septiembre del año pasado, APM Terminal, una división del gigante danés A.P. Moller-Maersk, anunció que compraría el 100 por ciento de las acciones de Grupo Marítim TCB por US$1 millardo.

Corresponsabilidad

Morales y su equipo se limitaron a instruir a la PGN para que demandara la nulidad del contrato. Además, encomendaron a un grupo de asesores jurídicos que evaluara la posibilidad de que la terminal de contenedores empiece a funcionar y, de ser así, bajo qué condiciones convendría que lo hiciera.

La situación es complicada. El Estado podría resultar contrademandado. El Artículo 155 de la Constitución establece que cuando un funcionario, en ejercicio de su cargo, infrinja la ley, “el Estado o la institución a la que sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren”.

De esa cuenta, aunque llegara a comprobarse que Pérez-Maura García y Suárez Meseguer sobornaron exfuncionarios, los nuevos propietarios de Grupo Marítim TCB y los acreedores del proyecto podrían alegar que dos instituciones del Estado, la PGN y la Secretaría de la Presidencia de la República, dictaminaron en 2012 a favor del contrato y lo consideraron en regla. “Por eso se analiza la posibilidad de reclamar la nulidad parcial y no total”, dice una fuente del Ejecutivo.

¿Qué pasaría si la PGN finalmente acude a un juzgado de lo contencioso administrativo? Si el juez declara la nulidad, TCQ podría impugnar el fallo hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Y si la rechaza, el contrato seguiría vigente y el Estado tendría que asumir los costos. “El juicio podría tardar cuatro años y trascender el Gobierno de Morales. En el ínterin, las partes podrían iniciar procesos paralelos. La PGN podría pedir medidas precautorias para evitar que el contrato surta efecto y que la terminal empiece a funcionar. Y la filial de TCB podría acusar al Ejecutivo de expropiación indirecta”, explica el abogado Stuardo Ralón.

A estos escenarios se suma otro más. TCQ podría ampararse en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por Guatemala y el Reino de España. De acuerdo con ese convenio, si las partes no alcanzan un acuerdo amistoso, la subsidiaria española podría acudir a los tribunales guatemaltecos, a los tribunales de arbitraje enlistados en el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Individual, o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. “También podría utilizar los mecanismos de resolución de controversias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”, advierte Ralón.

La demanda

La Constitución establece que los servicios públicos solo pueden ser dados en concesión cuando el Estado no está en capacidad de prestarlos, siempre y cuando se cuente con la venia del Congreso. Y ese es el principal argumento de la PGN para demandar la nulidad del contrato.

Si el juez llegara a determinar que la portuaria debería haber concesionado la construcción y la operación de la terminal, ¿qué pasaría con los más de 20 usufructos otorgados por la EPQ? ¿También serían impugnados?

El IFC hace referencia a esos contratos en un comunicado de prensa emitido el 21 de abril. “TCQ se convirtió en 2012 en el usufructuario número 22 de la Empresa Portuaria Quetzal. (…) Estos usufructos incluían terminales de carga especializada que manejan granos, etanol y azúcar, dos terminales de carbón, una planta de cemento, una terminal de gas licuado, una terminal de plátano y una terminal para cruceros”, apuntaba.

¿Cuál es la postura de los acreedores ante la posibilidad de que se anule el contrato? Gabriel Goldschmidt, gerente senior para infraestructura del IFC, dice que las instituciones del Banco Mundial “tienen cero tolerancia a la corrupción y exigen a sus clientes cumplir con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas”. Lo mismo dicen personeros del grupo G&T Continental. “Nos hemos reunido con representantes de esas dos instituciones y de Maersk. TCQ había constituido un fideicomiso para garantizar el pago de los préstamos. Pero ese fideicomiso no puede funcionar si la terminal no opera”, explica el comisionado presidencial Enrique Godoy.

Las autoridades coinciden con Goldschmidt en que la entrada en funcionamiento de la terminal agilizaría el comercio y reduciría los costos del flete. “Antes de tomar una decisión, se debe encontrar una forma de salvaguardar los intereses del Estado. Por eso fue que la procuradora Villagrán habló de embargar e intervenir TCQ”, explica Godoy.

Otro funcionario del Ejecutivo afirma que se han discutido otras opciones. Una de ellas es expropiar la terminal y otra, entregarla a los acreedores que financiaron su construcción para que ellos contraten un operador. “Ambas tendrían efectos legales”, indica.

Por lo pronto, los asesores jurídicos analizan cuál de todos los caminos supone menos daños y perjuicios para el Estado. “El Gobierno acompañará los procesos penales en contra de los funcionarios acusados de corrupción”, añade Godoy.

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