Alexander Aizenstatd, Columnas, Opinión — mayo 27, 2016 at 9:01 pm

El otro lado de la reforma judicial

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(Foto: Archivo - CP)

(Foto: Archivo – CP)

Indispensable encontrar el balance entre las obligaciones y los beneficios otorgados en el  organismo judicial.

El Organismo Judicial se encuentra en una profunda crisis de credibilidad. Los motivos sobran. Salvo distinguidas excepciones, todo apunta a un sistema cooptado por intereses y donde el criterio más importante para el ingreso, permanencia y ascenso no es el mérito. Urge una reforma y para ello es indispensable crear una auténtica carrera judicial. Las propuestas de reforma constitucional atinadamente apuntan a esto. Se aumenta el periodo de la magistratura. Se aleja a la política de los nombramientos. Se otorga a quienes integran el Organismo Judicial la exclusividad para ocupar distintos cargos judiciales y para ascender, incluso hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Se aprecia un consenso generalizado sobre la necesidad de fortalecer a los jueces, aunque existan distintas opiniones sobre la forma adecuada de lograrlo. Se discute mucho sobre las prerrogativas que deben asegurarse a la función judicial, pero poco sobre la otra cara de la reforma judicial, lo que debemos de exigirles.

A quien mucho se da, también mucho se debe demandar. Si la reforma del sistema de justicia otorga todas estas ventajas a los jueces, es necesario que también les exija. A quien se le ha confiado la responsabilidad de juzgar, se le debe calificar bajo un parámetro más estricto. Pero hoy tenemos un sistema disciplinario que no ha servido para depurar el sistema y que difícilmente sanciona a los jueces. El régimen de sanciones del Colegio de Abogados no es más eficiente. ¿Conoce usted el caso de algún abogado que haya sido inhabilitado de forma permanente? Los motivos sobran, pero los casos no existen. Si las reformas se fundamentan en que al sistema se han colado jueces malos, entonces nos ponemos la soga al cuello si solamente les concedemos beneficios. No hay un balance adecuado, si no se implementan al mismo tiempo los mecanismos de control que nos permitan depurar a los malos elementos.

Bajo el sistema actual, si un juez coacciona sexualmente a quien acude a su juzgado, podría ser sancionado con una suspensión de tan solo 45 días. Si se presenta a trabajar bajo el efecto de estupefacientes, la pena máxima es de 20 días. Esto siempre y cuando la denuncia se haya puesto dentro de los 3 meses siguientes. De lo contrario, no se le podrá sancionar nunca. Difícilmente será condenado, pues la junta de disciplina está integrada por sus mismos colegas. Pero aun en aquellos casos en los que se haya impuesto la sanción, esta solamente permanecerá en la ficha del juez durante un año. Después de ese período, las sanciones disciplinarias ya no formarán parte de sus antecedentes. Esto lo establece el mismo pacto colectivo del Organismo Judicial. Cuando un juez presenta una constancia de carencia de sanciones, esta abarca solamente el último año y no más. Así, un instrumento de negociación de condiciones colectivas de trabajo ha sido utilizado para ocultarnos la información más relevante en la elección de jueces y magistrados.

Hasta ahora parece que el proceso disciplinario es más débil con quienes debería de ser más estricto. Un juez que solicite un soborno podría recibir una suspensión de tan solo 45 días, cuando debería de ser removido. Debe necesariamente reformarse la carrera judicial para otorgar a los jueces las prerrogativas que les permitan ejercer su cargo adecuadamente, pero también se les debe de exigir más. Veo un debate hasta ahora enfocado principalmente en las prerrogativas y poco en las obligaciones y menos en las formas de exigirlas. Para realmente mejorar el sistema de justicia, debemos de ver simultáneamente los dos lados de esta reforma.

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