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Economía, Entrevista — junio 22, 2016 at 3:00 pm

La odisea de conciliar

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Tres sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de los pueblos indígenas vecinas a cuatro proyectos hidroeléctricos y una mina, reabrieron viejas heridas de guerra. Organizaciones, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), exigen la discusión de un nuevo modelo económico, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pide certeza jurídica. Sentarse a dialogar es la tarea pendiente. Pero ¿cuál de los sectores está dispuesto a dar el primer paso?

Mientras Daniel Pascual sostiene que la consulta a los pueblos indígenas puede realizarse mediante plebiscito, José René González Campo, presidente del Cacif, afirma que no. (Fotografía: Archivo / CP)

Mientras Pascual sostiene que la consulta a los pueblos indígenas puede realizarse mediante plebiscito, González Campo afirma que no. (Fotografía: Archivo / CP)

La entrevistas con Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), y José René González Campo, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), fueron publicados el 27 de mayo en la edición 155.

DANIEL PASCUAL

¿Por qué impugnó el Acuerdo Gubernativo con el que Álvaro Colom intentó reglamentar la consulta a los pueblos indígenas ante la Corte de Constitucionalidad (CC)?

–No nos opusimos al contenido, sino a que un presidente reglamentara un convenio de rango constitucional. Eso es algo que solo puede hacer el Congreso, después de consultar con los pueblos. Por eso, los magistrados nos dieron la razón.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que la consulta es un diálogo de buena fe y que no debe confundirse con participación ciudadana. ¿Por qué usted la promueve como plebiscito?

–Porque el derecho consuetudinario maya establece la votación a mano alzada como un mecanismo de consulta. Lo importante es que los pueblos den su consentimiento libre, previo e informado.

La OIT no otorga a las comunidades el derecho a vetar medidas del Estado.

–El punto no es si la consulta tiene o no carácter vinculante. El punto es que el Estado violentó los derechos de los pueblos indígenas. Los agredió. Recuerde el caso de Chixoy. Si el Estado hubiera sido respetuoso, tal vez no habría resistencia.

¿Eso significa que el CUC se opondrá a cualquier concesión de recursos naturales?

–La cultura occidental no comprende que la espiritualidad maya está ligada a la naturaleza y que explotarla de forma irracional causa desequilibrios. Tampoco entiende el derecho ancestral a la tierra, que pasa de abuelos a padres y de padres a nietos sin que haya un documento de por medio. Lo único que le importa es hacer negocio.

Pascual: "Hay que revisar cada una de las licencias para usar bienes de dominio público y luego hacer estudios de impacto ambiental". (Fotografía: Dafne Pérez / CP)

Pascual: “Hay que revisar cada una de las licencias para usar bienes de dominio público y luego hacer estudios de impacto ambiental”. (Fotografía: Dafne Pérez / CP)

Póngase del lado de los empresarios. Cumplieron con los requisitos de ley para obtener licencias y, más tarde, las cortes se las suspenden provisionalmente.

–El sector privado no puede alegar ignorancia de la ley. Sabía que Guatemala había firmado el Convenio 169 antes de que el Ministerio de Energía y Minas les otorgara las licencias.

¿Qué habría que hacer para reducir la confrontación?

–Los acuerdos de paz establecían los pasos para alcanzar la democracia y el desarrollo. Pero no se cumplieron. Se impuso un modelo extractivista, se ratificó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y se otorgaron 300 licencias mineras y 119 para construir hidroeléctricas. Y a nosotros, nadie nos consultó.

¿Propone entonces un nuevo modelo de desarrollo?

–Sí y también una nueva Constitución y un nuevo pacto social. Hay que revisar cada una de las licencias para usar bienes de dominio público y luego hacer estudios de impacto ambiental.

¿Y cree que el Ejecutivo tiene liderazgo para ello?

–No, tendría que constituirse una plataforma multisectorial.

Las organizaciones indígenas y campesinas exigen la aprobación de la ley de desarrollo rural.

–Así es. El tema agrario es una bomba de tiempo y el sector privado organizado ha obstaculizado su resolución. Un catastro obligaría a reconocer que miles de caballerías pertenecen en realidad a las comunidades indígenas, y no al Estado ni a los terratenientes. Encontramos alrededor de 15 cédulas reales por medio de las cuales la corona española otorgó tierras a los pueblos indígenas en propiedad comunitaria. Hay una de 900 caballerías en Jalapa y otra de 247 caballerías, en Izabal. 

El sector privado lo acusa de vivir del conflicto.

–El empresariado no tiene argumentos políticos y, por eso, busca criminalizar las protestas. El CUC ha recibido recursos de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Las donaciones entran al sistema bancario y rendimos cuentas. Si no las gastamos, las devolvemos. Ejecutamos proyectos de seguridad alimentaria en Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz, y también de capacitación a mujeres. ¡Ojalá les diera vergüenza!

–¿Y qué responde a quienes lo acusan de promover delitos como el robo de energía y el daño a la propiedad privada?

–El Comité de Unidad Campesina no promueve esas acciones. Pero apoya el reclamo a la nacionalización del servicio eléctrico. Es un robo lo que Energuate cobra por alumbrado público.

Pero las municipalidades son las que fijan esa tasa, no la distribuidora.

–Pero lo hacen de acuerdo con Energuate.

¿No le parece que el servicio es mejor ahora que cuando el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) era encargado de generar, transportar y distribuir la electricidad?

–Esa es la trampa. La estrategia fue hacer quebrar al INDE y luego privatizarlo.


JOSÉ RENÉ GONZÁLEZ CAMPO

¿Cuál es la postura del empresariado frente a la sentencia de la CC que ordena al Ministero de Energía y Minas (MEM) realizar consultas a los pueblos indígenas afectados por las hidroeléctricas la Vega I y La Vega II?

–Defendemos el Estado de derecho y esperamos que la consulta se sujete al espíritu de la OIT. Entendemos que el MEM ya entabló el diálogo y que intenta cumplir con el plazo establecido por la corte. Lo importante es que sea un ejercicio de buena fe y que se identifiquen los efectos del proyecto para mitigarlos.

¿Y respecto a las sentencias que confirman la suspensión provisional de las licencias de la mina La Puya y las hidroeléctricas Oxec?

–Es preocupante. Los proyectos obtuvieron las licencias después de cumplir con todos los requisitos de ley y ya estaban en operación. La suspensión constituye una mala señal. Resta certeza jurídica y eso es perjudicial para un país que necesita inversiones. También impide a las hidroeléctricas cumplir con sus compromisos contractuales de suministro de energía, e interrumpe el flujo de ingresos utilizados por las empresas para pagar sus deudas bancarias.

(Fotografía: Luis Soto / CP)

González Campo: “Los proyectos obtuvieron las licencias después de cumplir con todos los requisitos de ley y ya estaban en operación”. (Fotografía: Luis Soto / CP)

¿Cuál es el mayor reto del MEM en la consulta que se realiza en Nebaj?

–La falta de procedimientos claros y definidos para consultar. Tiene que identificar a los pueblos indígenas directamente afectados y a sus representantes legítimos. La experiencia, sin embargo, es una oportunidad para encaminar el reglamento.

¿Sería necesario consultar el proyecto de reglamento con los pueblos indígenas?

–Es importante dialogar. Pero no de forma indefinida. Esa es la razón por la que la OIT faculta al Estado para reglamentar la consulta. Tiene que haber alguien que defina y establezca límites.

La OIT establece que el Estado es responsable de realizar las consultas a los pueblos indígenas afectados. Pero en algunos casos, como el de las hidroeléctricas Oxec, han sido los empresarios los que las han promovido.

–El vacío legal y la necesidad de resolver motivaron a las empresas a iniciar un diálogo con sus vecinos. Entendieron que todo proyecto e inversión tiene un impacto ambiental. La mayoría de procesos fue positivo. Las cortes tendrán que decidir si reconocen o no esos esfuerzos.

¿Teme que aumente el número de acciones presentadas ante la CC para exigir consultas?

–Sí. Los reclamos nacen de preocupaciones legítimas y deben ser atendidos. El problema es que quienes están pidiendo amparo no son representantes de las comunidades, sino personas que aprovechan el desconocimiento del Convenio 169 y promueven la confrontación para exigir un cambio de modelo económico.

El sector privado sostiene que la ausencia del Estado es la causa la conflictividad. ¿Cómo aumentar su presencia con ingresos públicos tan limitados?

–Ese es un tema de país. El Estado inició una fuerte lucha en contra de la corrupción y eso es importante. Es necesario discutir qué país queremos y cómo lo financiaremos.

¿Habla de un nuevo pacto económico y social?

–Hablo de aprender a dialogar, de superar la desconfianza, de pensar en el país y de definir un método de discusión. Todos los sectores, incluyendo el empresarial, deben poner de su parte. Eso requiere madurez y humildad. Acudir a la mesa para sentar una posición sin voluntad de escuchar al otro, hace difícil alcanzar acuerdos.

¿Y si el reclamo es la nacionalización del servicio de energía?

–El servicio ya estuvo a cargo del INDE y era muy malo. Desde 1996, la generación se quintuplicó, de 600 a 3 mil megavatios; la cobertura se amplió del 50 al 95 por ciento de los hogares; la matriz se renovó en casi 65 por ciento; la oferta duplicó a la demanda y el costo de la electricidad bajó 40 por ciento. ¿Qué puede justificar la nacionalización?

¿Por qué el sector privado se opone a la Ley de Desarrollo Rural si podría contribuir a disminuir la conflictividad?

–No nos oponemos a la ley. Pero debe ser una iniciativa que permita el desarrollo. Que no centralice la actividad agrícola ni cree nuevos ministerios y burocracias.

¿Cómo conciliar los intereses y las inquietudes de los sectores? ¿No cree que los más desposeídos deberían ceder menos?

–El Estado no ha cumplido su función de subsidiaridad y no todos los guatemaltecos han tenido oportunidades. Pero es más fácil discutir cómo ampliar la cobertura eléctrica cuando ya se tiene una matriz diversa que garantiza precios más bajos. Lo importante es encontrar soluciones sin que nadie se sienta excluido.

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