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Columnas, María Antonieta de Bonilla, Opinión, Tejedores — julio 8, 2016 at 2:30 pm

¿Y LA EFICIENCIA?

por
Gasto público

Para que el gasto público cumpla con los objetivos contenidos en la Constitución de la República y en las respectivas políticas públicas debe cumplir, entre otros aspectos, con los requisitos de eficiencia y transparencia. Por eficiencia se entiende la capacidad de alcanzar un objetivo determinado, en el menor tiempo posible, con el mínimo uso de recursos. En este sentido, una adecuada medición de resultados es de suma importancia para determinar la efectividad del gasto público, pues un monto elevado sin que se logren las metas no tendría sentido.

En Guatemala, la proporción de gasto público con relación al producto interno bruto (PIB) es de 13 por ciento, comparado con un promedio regional de más de 20 por ciento. Dado que el renglón de gasto con mayor aumento en los últimos 8 años es el de remuneraciones (más del 100 por ciento), y que los ingresos fiscales se debilitaron en el mismo período, es evidente que los recursos disponibles para insumos, mantenimiento de escuelas y hospitales y para inversión han disminuido considerablemente.

El gasto también debe ser transparente, para lo cual debe ponerse en marcha un conjunto de herramientas que permita una ejecución del gasto clara, pública, con amplia auditoría social, con adecuada rendición de cuentas y con un ente contralor con suficientes capacidades y facultado para supervisar y auditar dicha ejecución, con independencia técnica y financiera.

Ahora bien, en búsqueda de una mayor transparencia, muchos sectores han promovido que cada vez se agreguen más candados y procesos a la ejecución del gasto público, sin atacar el problema de fondo que tiene que ver con la debilidad de las instituciones a cargo de la ejecución y auditoría de fondos públicos y con la corrupción; aunque el combate a esta última ha mejorado en el último año, impulsado por las instancias del sector justicia.

Se han impulsado algunas reformas, por ejemplo las de la Ley de Contrataciones del Estado que pueden coadyuvar a fortalecer la transparencia; sin embargo, a menudo se incorporan numerosos procedimientos y los plazos para realizar una adjudicación se vuelven excesivamente largos agregándole más inflexibilidad a un gasto público que ya sufre de excesiva rigidez, volviéndolo poco efectivo.

Por otra parte, la introducción de más restricciones al gasto no es ninguna garantía –como se ha evidenciado–, de que va a aumentar la transparencia. Se deben establecer procesos claros y transparentes, pero a la vez ágiles y oportunos, de lo contrario se corre el riesgo de dejar la ejecución del gasto atrapada en una camisa de fuerza. Lejos de incrementar la transparencia, se incentivan mecanismos de opacidad, como los fideicomisos, fondos especiales y los regímenes de excepción o emergencia.

Con una combinación de insuficientes recursos, corrupción y baja efectividad será muy difícil sacar a Guatemala de la lamentable situación en la que se encuentra en materia social, reflejada en indicadores como el índice de desarrollo humano en donde el país ocupa el último lugar de la región latinoamericana. Sería aconsejable que los centros de investigación y la academia promovieran un foro público para debatir el tema de los procesos y procedimientos para la ejecución del gasto público. Esto permitiría encontrar soluciones integrales a las dificultades que enfrentan áreas como la de salud, en donde el desabastecimiento general es un problema recurrente que si bien ha obedecido en buena medida a corrupción e insuficiencia de recursos, es también resultado de los engorrosos procedimientos. Como país, debemos aspirar a un gasto público transparente, pero a la vez eficiente.

 

 

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