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Columnas, Cristhians Castillo, Opinión — julio 15, 2016 at 3:27 pm

Consulta popular

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Cambiar mucho para no cambiar nada requiere un gran esfuerzo emotivo, pero tendrá escasos resultados sostenibles.

(Foto: Dafne Pérez - CP)

(Foto: Dafne Pérez – CP)

La culminación del proceso del Diálogo Nacional: hacia la Reforma del Sector Justicia, será una consulta a la población para que, mediante el voto universal, se respalde o rechace lo aprobado por el Pleno del Congreso de la República –procedimiento contenido en el artículo 280 constitucional y que será la primera prueba de nuestro sistema electoral, recientemente reformado–.  Para eso me imagino que sí hay recursos, unos Q300 millones, monto aproximado que podría costar la consulta popular.

Este sería el tercer ejercicio de consulta popular para reformar la Constitución. El fenómeno del voto, estudiado por la Escuela de la Elección Racional, refiere que no solo el cálculo de costo-beneficio explica la razón que mueve a un ciudadano a ir a votar. Hay un factor emotivo que en elecciones generales despiertan los candidatos, ya sea por adhesión o por rechazo. En ejercicios de plebiscito, ¿qué mueve a la ciudadanía a cumplir con el ejercicio de su soberanía?

La evidencia empírica refiere que también en las dos consultas populares que ha vivido el país, se construyó un estado de emotividad colectiva, capaz de movilizar a la ciudadanía en búsqueda de las urnas.

En 1993 y después del autogolpe de Estado perpetrado por Jorge Serrano Elías, se erigió en el debate colectivo una atmósfera de indignación, que declaró al entonces vicepresidente Gustavo Espina Salguero corresponsable en las acciones constitutivas de golpe de Estado. Además, se instaló un ambiente de cólera colectiva en contra del Congreso de la República, que derivó en el  proceso de depuración que culminó con elecciones legislativas de medio período en 1994.

Los excesos de una clase política perversa, pusieron en riesgo la estabilidad constitucional y generaron el momento propicio para votar raquíticamente a favor de las únicas reformas constitucionales realizadas desde 1985.

Para 1999, la agenda de los Acuerdos de Paz que constituyó el núcleo de las reformas constitucionales planteadas, no representaba un paquete reformista de riesgo, hasta que es aprobada en el Pleno del Congreso y se activa en un tiempo corto el fantasma de que los pueblos originarios, con esa reforma, se adueñarían del país. Elemento emotivo capaz de movilizar a la ciudadanía urbana y citadina en contra de la reforma que no fue.

Con base en estos dos antecedentes, el análisis no puede obviar que para el 2016, nuevamente, se instala en el país un ambiente de emotividad generado por los grandes escándalos de corrupción que han ahogado la institucionalidad pública y que orientan la agenda reformista, no solo a nivel constitucional sino en el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, el régimen interno del Congreso de la República, el sector salud, el sistema educativo, la legislación en materia financiera y de competencia, entre otros debates ya sumergidos en la euforia de la opinión pública.

Como resultado de las reformas del 93, la evidencia refiere que no fue una reforma virtuosa, ahí detrás está el negocio de la deuda pública que hoy representa 20 millardos de quetzales, la presidencia rotativa de la Corte Suprema de Justicia que se quiere enmendar, la ampliación del modelo de comisiones de postulación que se va a reformar, por mencionar las más controversiales.

Es el momento para que, como sociedad, aprendamos de nuestro pasado y superemos el legado de las pasadas generaciones, evitando que la estrategia jacobina anteponga la emoción a la razón y obtengamos un producto de mala calidad. ¿La constitución debe modernizarse? Sí, pero no producto de la animosidad de unos contra otros.

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