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Columnas, María del Carmen Aceña, Opinión — agosto 5, 2016 at 3:33 pm

¿Hacia dónde vamos?

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Algunos le llaman el tsunami; otros, la sacudida del árbol y la primavera; y unos cuantos hablan de un parteaguas en la historia del país.

Luego del destape de casos de corrupción, surgieron una serie de sentimientos encontrados respecto al futuro. Por una parte, se percibe que “ahora sí cambiará la cosa”. Y por otra, se vislumbra una falta de rumbo. Que existan denuncias, investigaciones, acusaciones y juicios es un buen comienzo y un gran adelanto. No hay discusión.

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

Sin embargo, y viéndolo de una forma aislada, todo eso no será suficiente para que Guatemala progrese. Además de generar indignación, temor e ira, la coyuntura también es enfrentada con poca innovación, creatividad y mejora.

Es importante señalar la importancia de rescatar la institucionalidad y/o funcionalidad del país. El gasto público crece cada vez más. Actualmente, se concentra en sostener la planilla de la burocracia y cumplir con los gastos recurrentes más inmediatos sin que se establezcan prioridades.

Se sacrifica la inversión, en especial ahora que los funcionarios temen a ser sancionados por la Ley de Contrataciones del Estado. Esta estipula una gran y desordenada cantidad de requisitos formales, que lejos apoyar la eficiencia y las buenas prácticas convierten la ejecución en una carrera de obstáculos.

El Organismo Ejecutivo se concentra en una “mal entendida” contención del gasto público que, con tal de reducir gastos operativos como combustibles, alimentación y viáticos, sacrifica la dinámica del Estado. Y al mismo tiempo, adopta medidas para tranquilizar a los grupos de presión y atender demandas insaciables, como los programas sociales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Como nunca había sucedido, en vez de entregar los recursos directamente a los beneficiarios, se trasladan a los sindicatos y organizaciones cuestionadas, lo que robustecerá sus bases y finanzas, desentendiéndose de un deber oficial para convertirse en un patrocinador de grupos de presión.

Lo que los guatemaltecos exigimos al presidente Jimmy Morales, después de seis meses que asumió el cargo, son signos cualitativos de cambio. Deseamos medidas contundentes y congruentes en materia de la transformación y el ordenamiento de la burocracia, eficiencia del gasto público y planificación a largo plazo.

¿Qué espera para cerrar instituciones superfluas, liquidar los programas clientelares, recortar personal innecesario y profesionalizar al empleado público?

Es urgente establecer tablas de puestos y salarios en la administración pública, que incluyan desde funcionarios de la más alta jerarquía hasta los de menos responsabilidad. La idea es que se cumpla con el precepto constitucional: “Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad”.

Solo así la retribución se determinará en función de las responsabilidades y los resultados y no por la presión política de los sindicatos. Esto implica concebir el servicio civil como una tarea honorable y de prestigio, y no como la posibilidad de suscribir jugosos pactos colectivos que mantienen inmóvil al país.

El Organismo Legislativo está haciendo cambios. Pese a ser una de las instituciones más desprestigiadas, es evidente que realiza esfuerzos por transparentar y desarticular las prácticas mafiosas. Cabe destacar la labor fiscalizadora de algunos congresistas, que avanzan en sentido contrario al resto de sus colegas que, con el pretexto de someter al escrutinio a funcionarios, los citan y los presionan para seguir obteniendo recursos ilícitos de las comprometidas finanzas públicas.

El Organismo Judicial va para adelante. Pero necesita una renovación inmediata para no defraudar a los guatemaltecos. Hay surgimiento de nuevos líderes que serán clave para la aplicación de la justicia en el país. Con una nueva normativa de la carrera judicial se espera que mejore su desempeño.

También está en discusión una reforma constitucional que, si bien no tiene un objetivo claro, incluye las reformas al sistema de justicia. Al final, los guatemaltecos perseguimos que los tres organismos del Estado funcionen y que, de forma conjunta, trabajen por el desarrollo y el bien común.

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