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Análisis, Economía, Uncategorized — agosto 12, 2016 at 4:00 pm

La parálisis del gasto público

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Al 31 de mayo, las instituciones públicas habían ejecutado el 33.1 por ciento del presupuesto aprobado para 2016, equivalente a Q23,498.7 millones. Les hacía falta Q47,547.6 millones. La renuencia a renovar contratos abiertos, los cambios de gobierno, la necesidad de ajustar el presupuesto de 2016 y la entrada en vigencia de una nueva Ley de Contrataciones del Estado aletargaron el gasto.

Foto: Dafne  Perez/Contrapoder

Foto: Dafne Perez/Contrapoder

Este artículo fue publicado en la edición 161 de la revista impresa.

1. TEMOR A LA CÁRCEL

La cruzada contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tuvo consecuencias en la ejecución del gasto. La captura de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como la de tres enfermeras que integraron la junta calificadora que decidió la adjudicación del servicio de diálisis peritoneal a la Droguería PISA de Guatemala, inhibió a los funcionarios a decidir sobre nuevos contratos y renovar los que vencían.

El temor aumentó en octubre. El MP y la CICIG desarticularon la red Negociantes de la Salud en el IGSS. Acusaron y capturaron de asociación ilícita y cohecho pasivo a los directores de la Policlínica, del Hospital de Enfermedades Generales, del Hospital Juan José Arévalo y de la Unidad Periférica. También a un médico de la Unidad de Oncología y a uno de los jefes financieros.

Fue así como, el año pasado, los gobiernos de Otto Pérez Molina y Alejandro Maldonado Aguirre dejaron vencer los contratos abiertos que, entre otros, proveían al Estado de alimentos, material médico quirúrgico, productos farmacéuticos, libros de texto, papelería y útiles de oficina. Eso explica el desabastecimiento de papel en el MP y de medicamentos en la red hospitalaria. “Fueron negligentes. Pero nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad”, apunta Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Foto: Dafne Perez/Contrapoder

Foto: Dafne Perez/Contrapoder

2. CAMBIO DE AUTORIDADES

Maldonado Aguirre fue nombrado presidente el 3 de septiembre de 2015. Su misión era terminar el período de Pérez Molina. Cuatro meses después, el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad entregó el cargo a Jimmy Morales.

Ambos relevos supusieron cambios en los puestos clave de los ministerios y secretarías. “La ejecución del gasto es baja en el primer año de gobierno. Los nuevos funcionarios tardan en aprender. Eso ha sido así históricamente”, explica Mario García Lara, director de la Alianza Técnica al Legislativo (ATAL).

Foto: Luis Soto/Contrapoder

Foto: Luis Soto/Contrapoder

3. NUEVAS REGLAS PARA GASTAR

Interpretar y cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado es una tarea titánica. El Decreto 57-92 ha sido sufrido nueve reformas. La primera en 1997 y la última en 2015. “Las enmiendas siempre han sido una respuesta del Congreso a señalamientos de corrupción. El expresidente del Congreso, Luis Rabbé, convocó a la instalación de cuatro mesas técnicas para atender los reclamos de los ciudadanos que se reunían en la Plaza de la Constitución. Una de ellas debía presentar una propuesta para garantizar la transparencia en el gasto”, explica Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

La mesa técnica –encabezada por Nineth Montenegro– hizo una convocatoria pública y elaboró un proyecto de ley. “Escuchamos a todo aquel que quisiera proponer cambios. Había gente de (los ministerios de) Finanzas y Salud, de la Contraloría, de los tanques de pensamiento. Se limitaron las compras directas y se eliminaron las compras por excepción para frenar la corrupción”, dice la diputada de Encuentro por Guatemala.

La nueva ley entró en vigencia el 15 de diciembre. Pero no fue hasta el pasado 16 de junio cuando el Ministerio de Finanzas publicó el reglamento en el Diario de Centro América. En el ínterin, y con el ánimo de reducir la confusión, la cartera y la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitieron una circular conjunta en la que advertían que los cambios serían “progresivos” y procuraron dar respuesta a las consultas más frecuentes que recibían de las unidades ejecutoras.

Las voces en contra de las reformas empezaron a arreciar. El Ministerio de Finanzas se declaró de manos atadas para resolver el desabastecimiento que heredó del gobierno anterior y la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam) acudió al Congreso para pedir una nueva reforma. “El Decreto 9-2015 fue muy ambicioso y el plazo, muy corto. La norma contiene errores. Los funcionarios tienen miedo de que la Contraloría los sancione”, apunta Julio Héctor Estrada, titular del Tesoro.

Estrada convocó entonces a los ministerios y secretarías para establecer qué problemas tenían para cumplir con las reglas de contrataciones y elaboró una iniciativa de ley en la que intenta solventar todo aquello que no aclaró en el reglamento. La propuesta, presentada por Mario Taracena, no es la única. “Hay otras dos que buscan dar marcha atrás con las regulaciones a la compra de medicamentos. Pero todos sabemos que detrás de ellas hay intereses oscuros. El Decreto 9-2015 terminó con negocios millonarios”, asevera Montenegro.

La Comisión de Finanzas del Congreso analiza el proyecto. Ha escuchado al Ministerio de Finanzas, la Anam, la Contraloría, el IGSS y el Ministerio de Salud. Y convocará a dos mesas técnicas: una para “ajustar las debilidades” de la ley vigente y agilizar el gasto. Y otra para elaborar una nueva normativa que sustituya al nueve veces parchado Decreto 57-92.

POSTURAS ENCONTRADAS

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Ricardo Barrientos, del Icefi, defienden el Decreto 9-2015, que reformó la Ley de Contrataciones del Estado. Aseguran que es fruto de una discusión técnica y que, si bien debe ser enmendada, no es la causa del desabastecimiento de medicamentos ni de la crisis humanitaria declarada por el Procurador de los Derechos Humanos en la red hospitalaria. “Lo que pasa es que hay intereses oscuros. Los millonarios contratos de medicamentos se terminaron”, indican. “Preocupa que el atraso quiera ser utilizado como excusa para dar marcha atrás con los cambios y volver a favorecer las compras por excepción”, dice Mario García Lara, de ATAL.

La postura del CIEN es distinta. Aunque reconoce el esfuerzo por garantizar la transparencia, advierte que la premura con la que se ha elaborado el proyecto de ley, dio pie a los errores que hoy tienen paralizado el quehacer público. “Se les advirtió que no se habían renovado los contratos y que la inexperiencia de los nuevos funcionarios frenaría el gasto. No podía hacerse una buena reforma en un plazo tan corto. Pero no quisieron escuchar y nos acusaron de entorpecer la lucha contra la corrupción. Por eso, nos retiramos de la mesa técnica”, explica el analista Francisco Quezada.

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