Columnas, Jonathan Menkos, Opinión — agosto 19, 2016 at 3:19 pm

Una reforma a medias

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El Estado guatemalteco necesita aumentar sus impuestos para llevar un mayor bienestar a todos los rincones del país. Ahora bien, el Gobierno no ha comprendido que su legitimidad para concretar cambios en la tributación depende de qué tanto avance impulsando reformas que acerquen el gasto público a un proyecto de nación (en qué invertir, cuánto invertir y cómo medir los avances), al tiempo en que se cierran espacios a la corrupción y se fortalece el control y la rendición de cuentas.

Foto: Archivo/Contrapoder

Foto: Archivo/Contrapoder

Asimismo, esta reforma tributaria llega después de que el ministerio de Economía empujara en el Congreso la aprobación de nuevos privilegios fiscales para sectores económicos que llevan más de 25 años sin pagar impuestos.

Probablemente por la improvisación y la poca experiencia política que ha caracterizado esta gestión gubernamental –baste recordar los cambios que sugirieron al proyecto de presupuesto de 2016–, la forma de presentar la propuesta, sin discusión ni divulgación social, y el contenido de la misma tampoco son los más favorables.

En particular, hay cuatro elementos clave que a la sociedad y a los diputados les tocará analizar con mayor profundidad. Primero, sobre el impuesto a la distribución de combustibles.

La propuesta pretende aumentar la imposición al diésel del actual Q1.30 por galón a Q4.30 (incremento del 231 por ciento). Se incrementarán los costos del transporte público y de mercancías, lo que se trasladará al precio final que paga el consumidor, aumentando consecuentemente el costo de la canasta básica vital.

Recordemos que en el país, más del 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.

Segundo, sobre el retorno de la planilla del impuesto al valor agregado (IVA) y la deducción de gastos en educación privada. Estas medidas, que disminuirán la recaudación del Impuesto sobre la renta, aumentarán la regresividad de la tributación (quien tiene más, pagará menos).

Asimismo, retornar al obsoleto mecanismo de la planilla, contradice el informe de la Superintendencia de Administración Tributaria (Análisis de la cobertura de la planilla del IVA 2013), en el que se reconoce que “no obstante que con la reforma [2012] se produjo una reducción del uso y presentación de la planilla del IVA, en los períodos 2012 y 2013 se observa un crecimiento de la facturación del impuesto, esta circunstancia sugiere que no impactó en la recaudación del impuesto”.

Tercero, con respecto al incremento de regalías por la extracción de minerales metálicos. Es bueno recordar que este sector, que produce menos del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), genera cerca del 70 por ciento de la conflictividad social, por lo tanto, el monto de las regalías que pagan estas actividades es solo uno de los aspectos que se deben considerar.

Urge un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se discuta si las industrias extractivas deben formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.

Cuarto, sobre la modificación al impuesto sobre la renta. La propuesta pretende elevar la tasa del régimen general de actividades lucrativas del 25 al 29 por ciento y que, en el régimen simplificado, los ingresos brutos más allá de Q250 mil mensuales tributen a una tasa del 12 por ciento.

Estas medidas podrían mejorar la progresividad. Sin embargo, se hace necesario conocer el análisis de su impacto y de qué tanto los grandes contribuyentes podrían pasarse al régimen en el que paguen menos impuestos.

En todo caso, esta propuesta a medias abre la puerta para que la sociedad civil concentre sus esfuerzos por exigir una reforma integral que aspire a ordenar, con una visión de justicia, la política fiscal tanto en los ingresos públicos y la administración tributaria, en el gasto público y su capacidad de generar bienestar, así como en la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Todo lo anterior, en función de un crecimiento económico sostenible, una mayor construcción de la equidad y una administración pública efectiva. El Gobierno, a pesar de sus carencias técnicas y políticas, debería recordar que es fruto de un contexto histórico que le reclama una construcción colectiva y más democrática del futuro.

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