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Análisis, Economía, Uncategorized — septiembre 9, 2016 at 3:48 pm

Éxodo en las zonas francas

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Los usuarios de las zonas francas huyen del país. Tras cuatro meses de lobbying, siguen sin persuadir a las autoridades económicas, judiciales y legislativas de que suspendan o modifiquen el artículo 22 de la Ley Emergente de Conservación de Empleo. Este prohibió 25 actividades que antes podían acogerse a ese régimen.

Foto: Dafne Pérez - CP

Foto: Dafne Pérez – CP

Esta nota fue publicada en la edición 166 del 12 de agosto.

El Decreto 19-2016 salvó a las maquilas y call centers, pero condenó a las zonas francas. Aunque los administradores y usuarios de estas esperaban un recorte de incentivos fiscales, nunca imaginaron que el Congreso ampliaría de 17 a 42 la lista de actividades que tienen prohibido ampararse a ese régimen y dejaría en el limbo 125 compañías, de las 249 inscritas. Entre ellas las dedicadas a importar, entre otros, productos farmacéuticos, alcohol, gasolina, plásticos, cosméticos, juguetes, cigarros, cementos, palma africana, vehículos, maquinaria y alimentos procesados.

El Ministerio de Economía (Mineco) aplicó la ley de forma retroactiva. La Asociación de Zonas Francas Privadas accionó contra el decreto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y, al mismo tiempo, empezó a cabildear para que los legisladores lo reformaran. Pero, a la fecha, ninguna de las dos instancias le ha dado una respuesta.

Los afectados han optado por uno de estos caminos: dejar de operar y esperar a que el Congreso o el Mineco resuelvan el embrollo; empacar y buscar una nueva plaza; trasladar su mercadería a depósitos aduaneros; o seguir operando mientras la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se los permita.

René Castañeda, presidente de la asociación, explica que desde su creación en 1989, las zonas francas no habían vivido semejante crisis. “Las zonas francas han enfrentado obstáculos. El primero fue la guerra interna; el segundo, el período comprendido de 2005 a 2009, cuando China entró al mercado internacional y los costos de producción se abarataron; y el tercero, la crisis económica mundial. Sin embargo, la industria se diversificó y sobrevivió. Pero nada de eso causó una situación como la actual”, dice.

Juan Pablo Carrasco, vicepresidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham, en inglés), resiente la falta de iniciativa del Ministerio de Economía: “No solo no generamos nuevos empleos, sino que perdemos los existentes por una mala política”. Sin embargo, el titular de la cartera, Rubén Morales, dijo en julio a ContraPoder: “No podemos interpretar la ley ni legislar desde el reglamento. La solución está en manos de la CC y del Congreso”.

La mitad de las máquinas en Megaplastic está detenida. No hay mucho trabajo. (Foto: Dafne Pérez / CP)

La mitad de las máquinas en Megaplastic está detenida. No hay mucho trabajo. (Foto: Dafne Pérez / CP)

Uniplastic y Megaplastic

Por primera vez en quince años, casi todos los empleados de Uniplastic y Megaplastic han tomado sus vacaciones completas. Acostumbrados a trabajar de lunes a domingo, en tres turnos para cubrir las 24 horas del día, los 365 días del año, se encuentran en uno de los momentos de menor producción. Están operando a un 40 por ciento de su capacidad. La disminución en la carga de trabajo es tal que tomarán el feriado del 15 de agosto y por primera vez, tendrán un fin de semana largo.

Ambas empresas pertenecen a la familia Seeo, unos coreanos quienes se asentaron en el país en 1990 y se encuentran en Zeta Park, una zona franca industrial en Amatitlán. En el 2001 fundaron Uniplastic y comenzaron a fabricar bolsas plásticas que se utilizan para empaquetar la ropa que producen las maquilas para exportación. En 2014, ante la espera de que fuera aprobada una ley de zonas francas favorable, los Seeo adquirieron a su competencia, Megaplastic, la cual está situada a pocos metros dentro del mismo complejo.

Realizaron una inversión millonaria y no imaginaron que dos años después, el Congreso aprobaría una ley que vedaría su negocio. La ley, sancionada en marzo, prohíbe que la industria de plásticos opere dentro de zonas francas. Jennie Seeo, hija del fundador y administradora, está preocupada ante la posibilidad de que se pierda su inversión, los empleos de los 160 trabajadores, y que su familia se vea forzada a dejar Guatemala.

Jennie cuenta que la ley les ha hecho la vida imposible. Han perdido clientes, puesto que ya no pueden entregar las bolsas a tiempo para las fechas de exportación de la ropa. Eso ha provocado que sus compradores recurran a proveedores locales.

Actualmente ambas empresas siguen operando, pero los trámites para sacar las bolsas de las zonas francas, que antes tomaban medio día, ahora toman de 3 a 6 días, y son más onerosos. Los gastos adicionales ascienden a alrededor de US$20 mil mensuales. Jennie afirma que las empresas  pueden seguir sufragando ese monto, siempre y cuando tengan certeza de que habrá una solución en el corto plazo. De momento no han tomado la decisión de irse, pero en caso de hacerlo migrarían a Nicaragua.

Las bodegas de Directa están cada vez más vacías. (Foto: Dafne Pérez / CP)

Las bodegas de Directa están cada vez más vacías. (Foto: Dafne Pérez / CP)

Direca

Direca distribuye medicamentos en América Latina y eligió a Guatemala como su hub de logística. Hasta hace pocas semanas empleaban a 70 personas. Sin embargo, la ley prohíbe los productos farmacéuticos en zonas francas y eso los ha obligado a dejar el país. Y con su salida, se van los 70 empleos.

Juan Francisco Letona, ejecutivo de la empresa, explica que durante los últimos cuatro meses se han dedicado a exportar el producto que ya estaba en Guatemala, no han traído nada nuevo desde abril. Operan a menos del 50 por ciento de su capacidad. Y Letona se ha dado por vencido, “en este enjambre político y económico es mejor que cada quien busque soluciones por su lado en otro país. Pero al final, Guatemala pierde esta inversión y estos empleos”, asegura.

“No nos oponemos al cobro del ISR (impuesto sobre la renta), el problema fue que nos cambiaron las reglas del juego de la noche a la mañana y nadie nos da respuesta”, expresa Letona. “¿Cómo se definió prohibir estas 42 actividades? Nadie se responsabiliza. Además, no podemos operar en un país en el que no hay certeza jurídica. ¿Qué pasa si en el futuro hay más cambios de este tipo? Es insostenible”, afirma.

La ley recibió dictamen favorable de parte de las comisiones de Trabajo y Economía del Congreso. Ovidio Monzón preside la de Trabajo y explica que cuando él llegó a esa instancia, el listado ya estaba conformado. “Se definió que habían muchas empresas que se aprovechaban de los beneficios de las zonas francas y dejaban de pagar impuestos”, explica, y por ello se acordó a mantener la lista de prohibiciones. “En ese momento nos dijeron que tan solo se perderían entre 80 y 90 empleos, pero vemos que podrían ser más”.

Los ejecutivos de Direca consideraron mudarse a El Salvador por su cercanía, pero la situación política y de seguridad los desanimó. También tomaron en cuenta a Nicaragua, pero aseguran que esta no ofrece las condiciones de infraestructura ideales para operar. De momento, se trasladarán a Panamá.

Mayra de Rendón dice que 200 personas perderán su trabajo en la zona franca que administra. (Foto: Dafne Pérez / CP)

Mayra de Rendón dice que 200 personas perderán su trabajo en la zona franca que administra. (Foto: Dafne Pérez / CP)

Sadinsa

Mayra de Rendón ha sido la gerente general de la zona franca Sadinsa, desde su fundación hace doce años. El complejo está ubicado en el Naranjo, zona 4 de Mixco, y hasta hace cuatro meses albergaba a 26 usuarios que empleaban a 200 personas. En su mejor momento llegaron a tener 250 trabajadores.

El día que se aprobó la ley, los usuarios de Sadinsa se llevaron la sorpresa de que todo lo que hacían era ahora prohibido. Sus operaciones incluían medicamentos, plásticos, resinas para pintura, entre otros. Todos ellos pasaron al cementerio de actividades permitidas.

En estos cuatro meses, ya se han retirado la mitad de los usuarios porque no pueden seguir esperando a que las autoridades reaccionen. La otra mitad se mantiene optimista y espera una solución, pero De Rendón considera que no aguantarán más de dos o tres meses.

“La situación es tan dramática que hasta la cafetería que teníamos aquí dentro cerró, porque ya no tenía a quién venderle almuerzos. Allí se fueron 5 empleos”, explica De Rendón. “Hemos estado en pérdidas todo este período y no podemos aguantar otro mes así. Yo le puedo dar un giro al negocio, puedo convertir la zona franca en bodegas, pero tomará varios meses porque el cambio de régimen no es inmediato”, asegura.

De Rendón explica que esas 200 personas perderán sus empleos, y posiblemente podría incluir hasta a los empleados de la SAT que laboran allí. La Ley de Zonas Francas obliga a los administradores de estas a sufragar todos los costos de las aduanas en sus recintos. Sadinsa paga una planilla de Q50 mil mensuales por la gente de SAT que labora allí y desconoce si la superintendencia podrá absorberlos en caso de que cierren.

Según datos del Mineco, en el país operan 14 zonas francas, pero con la ley actual, Sadinsa podría cerrar.

René Casteñeda, presidente de la Asociación de Zonas Francas, dice que 40 de 70 de los 70 usuarios de Zeta Par, están en peligro de cierre. (Foto: Dafne Pérez / CP)

René Casteñeda, presidente de la Asociación de Zonas Francas, dice que 40 de 70 usuarios de Zeta Park están en peligro de cierre. (Foto: Dafne Pérez / CP)

Zeta Park

Zeta Park fue la primera zona franca privada autorizada en el país. Comenzó a operar en 1990, un año después de que se aprobara la ley, y René Castañeda –quien también preside la Asociación de Zonas Francas– ha sido su gerente general durante 26 años.

Este parque industrial ubicado en Amatitlán, alberga a 70 empresas, pero su gerente advierte que más de 40 están en peligro de cierre. En este recinto se encuentran las compañías de plástico de los Seeo y la distribuidora de medicamentos Direca. Alberga a muchas industrias más incluyendo químicos, calzado, textiles, cosméticos, vehículos, maquinaria, entre otros. Más de la mitad ahora son prohibidos.

En Zeta Park se generan alrededor de 1,800 empleos directos, todos de pobladores de Amatitlán, y Castañeda cuenta cómo ha visto el desarrollo de la zona en los últimos 26 años. Cuando se instalaron, solo los rodeaban terrenos baldíos. Hoy tienen un centro comercial al lado, un sinfín de opciones de restaurantes, supermercados, bancos, centros escolares, entre otros.

El personal de la SAT en Zeta Park es más numeroso, representa un gasto de Q150 mil mensuales en planilla.

Castañeda explica que él ha ayudado a cada uno de sus 70 usuarios en peligro, a desarrollar planes de acción pero el panorama es desolador. “Consideramos que podrían llegar a cerrar 125 empresas a nivel nacional, y ¿quién le dará empleo a esas personas? Guatemala pierde con esta ley”, dice.

A mediados de julio, la Embajada de República Dominicana trajo a los representantes de las zonas francas en ese país, quienes vinieron a invitar a los inversionistas locales a mudar sus operaciones a la isla. “Si aquí los tratan mal, vénganse con nosotros a Dominicana”, cuentan los asistentes que les dijeron.

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