Columnas, Opinión, Roberto Ardón — septiembre 16, 2016 at 11:36 am

“Te hará falta cordel”

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¿Qué debería preocuparnos más: La inacción pública ante los abusos, o la acción pública que no concluye en la efectiva procuración de justicia?

Foto: Luis Soto - CP

Foto: Luis Soto – CP

En CANEK, una narración histórica realizada por el escritor y periodista mexicano Ermilo Abreu acerca de una de las rebeliones más conocidas del pueblo Yucateco contra la dominación española en el siglo 18, el cacique y líder de los alzados, Jacinto Canek, sostiene un diálogo por demás interesante con uno de sus captores. En el momento en que están atando sus manos luego de ser capturado, el líder indígena se dirige al guardia diciéndole: “Te hará falta cordel”. Cuando el guardia hace caso omiso del comentario, casi con una sonrisa burlona, Canek remata el comentario con una frase amenazadora: “Te hará falta cordel para amarrarnos las manos a todos”. Esta frase, que ha pasado a la historia como símbolo indiano de la resistencia, también nos sirve para recordar cuando las capacidades represivas del Estado se ven absolutamente sobrepasadas por las circunstancias.

Los recientes episodios de judicialización de casos de alto impacto, nos lo han recordado de manera dramática. En los últimos 8 meses, hemos asistido al destape de grandes casos de corrupción acompañados de importantes despliegues de fuerza pública. A diferencia de lo que ocurría en el pasado cuando los casos se reportaban en los medios de comunicación, pero quedaban flotando en un ambiente de impunidad, ahora éstos son iniciados de golpe con un auténtico Raid sobre los posibles responsables. El efecto pedagógico de estos despliegues es avasallador. Actuando sin previo aviso, con un promedio de 20 detenciones por operativo, con la asistencia en vivo de los medios de comunicación y con las audiencias transmitidas urbi et orbi en las que vemos a jueces implacables aplicar las medidas más severas de nuestro ordenamiento penal, la mesa está servida. No hay personaje público que pueda sentirse tranquilo ni ciudadano que no se sienta reivindicado. Pero allí no termina la cosa.  El drama que le sucede, ese sí que no tiene tanta cobertura.

Envueltos en una enredadera legal, con procesos detenidos por cuestiones de mero procedimiento, con medidas de prisión dictadas en bloque y con un sistema penitenciario en ruta de colapso, a los procesados literalmente se los traga el sistema. Algunos de ellos han estado detenidos más allá del tiempo de su eventual condena. Otros ven cómo plazos y procedimientos se incumplen. Otros más, ven cómo las medidas dispuestas en la legislación penal no tienen aplicación en la vida práctica. De allí que sea necesario abrir un debate nacional que trascienda el mero éxito de la judicialización de casos, para llevarnos al ámbito de cómo mejorar el proceso penal y el funcionamiento del sistema penitenciario. Una reforma integral hará que la acción de la justicia no se perciba únicamente como un acto de venganza contra los malos, los vencidos o simplemente contra los que caen mal, sino como una necesidad social de retribución. 

Es del mejor interés de la sociedad que en estos casos se haga justicia pronta y cumplida. Estamos agradecidos los ciudadanos, de que al fin exista una acción decidida de la justicia sobre quienes han abusado del poder en beneficio propio. Pero debemos contar con un sistema que distinga pronto culpables de inocentes; que haga efectivas las garantías procesales para todos –al fin y al cabo nadie está exento de estar eventualmente sujeto a él–, y que también confiera certeza de castigo. Sin todo ello, sí que es posible que más temprano que tarde nos vaya a hacer falta cordel.

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