Análisis, Economía — octubre 13, 2016 at 10:00 am

3 iniciativas para rescatar las carreteras del país

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Con las carreteras paralizadas por falta de desembolsos, revisión de contratos y deudas pendientes, surgen nuevas líneas de acción para solucionar la crisis de la infraestructura vial del país.

El puente Río Bravo no ha recibido mantenimiento. Foto: Archivo

El puente Río Bravo no ha recibido mantenimiento. Foto: Archivo

Mientras el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, enfrenta una severa crisis de infraestructura vial, algunas piezas comienzan a moverse en el tablero externo a esta cartera, con el fin de presentar otras posibilidades de cambio.

García anunció que enviará a la Procuraduría General de la Nación (PGN), a revisión los contratos para la construcción de la carretera CA-2 Occidente y Oriente con las empresas Sigma Constructores y Norberto Odebrecht.

Además estos dos megaproyectos en reserva, los caminos del país se encuentran en pésimas condiciones. El Índice de Condición del Pavimento (ICP) evaluado en 2015 por la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC), indica que el 59 por ciento del pavimento en el país necesita recapeo y mantenimiento mayor.

Pero, ¿qué implica tener un sistema vial deficiente? Y sobre todo, ¿cómo solucionarlo?

Algunos expertos y estudiosos tienen algunas respuestas.

  • Lea este viernes 14 de octubre en la revista impresa una investigación acerca del estado de los 6 principales proyectos de carreteras en el país y lo que tiene que decir el Ministro de Comunicaciones acerca de su primer año de gestión.

1. Ley de carreterasFoto: Archivo

Foto: Archivo

Una forma de dar un paso significativo es una legislación específica para los caminos del país.

En eso trabaja el Programa Nacional para la Competitividad e Inversión (Pronacom), según explica el comisionado Acisclo Valladares Urruela.

“La gravedad del estado de infraestructura vial es algo en lo que los guatemaltecos estamos de acuerdo; todos queremos mejores caminos”, dice Valladares y añade que “mediante una Ley de Carreteras queremos poner de manifiesto la prioridad que tiene la red vial para el país y desenmarañar los problemas legales“.

Dice el Comisionado de la Pronacom que la discusión de esta iniciativa se encuentra en fase de consultas con personas especializadas, técnicos, con el CIV y la Cámara de Construcción.

“En mis visitas a las comunidades del Plan para la Alianza de la Prosperidad, los temas más recurrentes son conexiones a carreteras principales y trabajo, lo cual está relacionado, porque sin lo primero no es posible lo segundo. Así que tenemos que generar oportunidades económicas para el país, pues de eso depende el desarrollo de Guatemala”, explica.

2. Beneficios locales

Guatemala tiene una geografía fracturada la cual dificulta la instalación de vías y accesos a las poblaciones del interior del país.

Sectores primordiales del país se han visto golpeados históricamente, como la salud y la educación, por las condiciones geográficas y el escaso acceso a comunidades. Pero también el turismo y las importaciones sufren las malas condiciones del pavimento.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explica que “el desarrollo necesita condiciones que reduzca costos de traslados. Por eso vemos pobreza y tazas de inflación por encima de los dos dígitos”.

Una solución que permitiría impulsar la economía y servicios, apunta Zapata, podría ser la “Ley de Fomento a la Inversión Pública Local. Con ella los impuestos se invertirían en las comunidades en lugar de que se diluyan en un fondo común”.

La propuesta es que “hidroeléctricas, cementeras, minera o cualquier inversión en el área rural, llegue directo a las municipalidades y sean los alcaldes quienes decidan cómo beneficiar a su comunidad”, apunta el director ejecutivo de Fundesa.

3. Las alianzas

AutopistaEscuintlaAnadie

Otra opción que recién ha visto la luz para desenredar el dilema que viven las rutas, es una propuesta que tiene cuatro años de existencia, pero solo uno y medio de funcioamiento al 100 por ciento. Se trata de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), que trabaja a petición de contratistas del Estado y asesora alianzas público-privadas.

El ejemplo en el caso de las carreteras que ya fue anunciado la primera semana de octubre de este año, expone Juan Manuel Castillo, asesor de comunicación de la agencia, “es la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, del kilómetro 60.9 al 101.
Fue el CIV quien solicitó a la ANADIE que estructurara un proyecto. Con esto se busca elevar a nivel de autopista el tramo carretero referido.La ley establece que los proyectos bajo esta modalidad (pública-privada) la figura contractual tiene un máximo de 30 años en que el privado administra y opera la autopista”.

El proyecto supone una inversión de US$65 millones, que se pagará mediante el cobro de peaje de los usuarios.

Castillo acota que la ANADIE no sirve “para resolver una emergencia. Está ideada para tener un proyecto sólido, con transparencia y publicidad. Solo los que tengan un brazo financiero sólido podrán incorporarse y quien se adecue mejor a los intereses del Estado”.

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