Carroll Ríos de Rodríguez, Opinión — octubre 20, 2016 at 7:00 am

¿Igualdad?

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El socialismo se apropió de la lucha contra la discriminación y la desigualdad, aunque la visión liberal para combatir ambos males es superior.

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Fray Bartolomé de las Casas y el obispo Francisco Marroquín, entre otros, condenaron los abusos perpetrados contra las personas debido a su ascendencia o condición socioeconómica. Como escribe Siang Aguado de Seidner: “No deja de producir satisfacción que un hombre, en pleno siglo XVI y tan lejos de las Cortes españolas, deplorara y lamentara la manera como eran tratados los indígenas y que se interesara y luchara por los derechos humanos (avant le mot) del indígena, cuando faltaban tantos años para que se hablase de ello”.

La expectativa del obispo Marroquín, de la primera ola de feministas, y de muchos de los originales abogados por los derechos humanos era difuminar las diferencias, los odios y las categorías, y en su lugar reconocer a cada ser humano como hijo de Dios, único e irrepetible. Tal visión contrasta con las modernas prescripciones del socialismo del siglo XXI.  La receta que más resuena en el presente requiere aniquilar a las “empresas depredadoras” y redistribuir los bienes confiscados a los odiados “ricos y poderosos”, hacia las clases supuestamente victimizadas por el capitalismo. En teoría, un puñado de iluminados ingenieros sociales dirigirán el aparato gubernamental, asumirán la dueñez monopólica de la propiedad, y construirán una sociedad libre de discriminación y desigualdad material. Los intentos por llevar el sueño socialista a la práctica han fracasado, imputando horribles sufrimientos a los presuntos beneficiarios.

La visión marroquiniana tiene más en común con el planteamiento clásico-liberal. Este también rechaza la discriminación, y aboga por la igualdad de cada persona ante la ley. Rico o pobre, ladino o indígena, hombre o mujer, citadino o campesino: todos hemos de ser medidos y tratados con la misma vara.  La ley no debe otorgar privilegios ni protecciones, punto, ni siquiera para implantar una bien intencionada cruzada por rectificar abusos ancestrales.

Incluso en países no socialistas, como Estados Unidos, se han documentado los efectos nocivos de legislar la discriminación “en reversa”. Un estudio por Jennifer Gratz narra varias historias. Cuando la Universidad de Michigan le negó la admisión, Gratz entabló una demanda en su contra. Aunque ella tenía excelentes notas y credenciales, su piel “era del color equivocado”: no era afroamericana, hispana o indígena. En el 2003, la Corte Suprema dictaminó que Jennifer fue víctima de discriminación racial. Lo mismo ocurrió a David, de ascendencia vietnamita, porque la Universidad de Los Ángeles intentaba restringir el número de estudiantes asiáticos, en aras de la “diversidad”. Los ejemplos abundan…

Gratz saca cuatro conclusiones de su investigación. Primero, privilegiar a una raza sobre otra es discriminación, porque la autoridad “prefiere” un color de piel. Segundo, a los beneficiarios de las políticas de preferencia racial se les niega el orgullo de sus propios logros. La gente supone que están donde están por su etnia y no por mérito. Tercero, el colectivismo racial y clasista resta dignidad al individuo: nos reduce a ciertos rasgos superficiales. Finalmente, las personas no guiamos nuestras vidas según categorías artificiales. No pensamos constantemente en nuestra ascendencia, y a veces las clasificaciones predeterminadas lucen fantasiosas. “Desde temprana edad, los niños aprenden a no juzgar a una persona con base en su apariencia, pero conforme crecen, aprenden que esto es exactamente lo que sucede a su alrededor,” sentencia Gratz.

En Guatemala deberíamos trascender el discurso racial, clasista y socialistoide, para enarbolar la bandera más noble de la igualdad ante la ley y los derechos de la persona a secas.

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