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Columnas, María del Carmen Aceña, Opinión — octubre 27, 2016 at 7:00 am

En busca de un acuerdo fiscal

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Penosamente, los distintos esfuerzos de estos 20 años POR CUMPLIR los acuerdos de paz no se han reflejado en el desarrollo de los guatemaltecos.

Foto: Luis Soto/Contrapoder

Foto: Luis Soto/Contrapoder

Ahora que se discute el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala es un buen momento para reflexionar y analizar qué ha sido de nuestra política fiscal. ¿Sabemos realmente cómo se van a financiar e invertir los Q.79,8430 millones presupuestados para el año 2017? Lo fiscal tiene relación con  los ingresos y egresos. Mucho se discute cuando el Gobierno presenta aumentos en los impuestos, pero poco se profundiza en el gasto, particularmente en la calidad del mismo, así como en las deudas adquiridas por el Estado.

Cuando se analizan los resultados de la política fiscal de los últimos veinte años, se nota que no hemos sido muy exitosos. La economía crece poco (entre 3 y 4 por ciento en relación a la producción) para superar la pobreza. Hemos tenido picos de crecimiento de 4 por ciento, pero tan solo en 2007 superamos el 6 por ciento. Lo que es notorio es que los ingresos fiscales han sido insuficientes y a pesar de que el gasto ha aumentado, en términos reales el monto per cápita ha sido similar desde 1999.  Lo terrible es que en el período 2007-2015 se han incrementado los gastos corrientes en un  37 por ciento en términos reales, en comparación con tan solo el 9 por ciento de los ingresos corrientes, lo que  da una alerta de déficit.

Penosamente, los esfuerzos de estos 20 años por cumplir los acuerdos de paz no se han reflejado en el desarrollo de los guatemaltecos. El gasto público no está priorizado ni focalizado en los más pobres. Se realizan inversiones sin conocer su beneficio, se dan aumentos salariales por decreto sin que esté atado al rendimiento de los servidores públicos –en especial con el abuso de las cifras negociadas por medio de los pactos colectivos– y se incrementan las pensiones de los trabajadores del Estado, sin considerar su costo financiero. Las transferencias a las municipalidades se ejecutan sin un sistema de rendición de cuentas y existen fondos sin objetivo ni resultados.

Esto tiene serias repercusiones en los avances en educación y salud. A pesar de que Guatemala ha hecho esfuerzos en la cobertura educativa y un 40 por ciento del presupuesto se dedica a estas áreas, aún es el país centroamericano cuyos habitantes tienen la menor escolaridad promedio y la mitad de los niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica.

Pareciera que debemos de llegar a un consenso y hacer un nuevo acuerdo fiscal. Inicialmente, necesitamos establecer una meta de crecimiento económico con visión de mediano y largo plazo. Luego, tomar en cuenta el balance fiscal, evitando déficits públicos y lograr una deuda pública efectiva. Buscar mecanismos para propiciar el aumento en la carga tributaria –como mejorar la moral tributaria y administrar de manera más eficiente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También debieran de analizarse las exenciones y exoneraciones de tributos, así como los ingresos corrientes comprometidos por rubro como el IVA-Paz.

Respecto al gasto, es imperante hacer modificaciones en la gestión gubernamental. En este sentido, urge un replanteamiento de la normativa de los empleados públicos así como la puesta en marcha de los programas prioritarios para el desarrollo social. Debieran de eliminarse gastos sin evidencia de efectividad como el programa de los fertilizantes  o las transferencias condicionadas. En materia de obras públicas, es importante que se respete el sistema de evaluación de proyectos y lograr un sistema de indicadores de desempeño. Un control efectivo de la Contraloría de Cuentas es fundamental, no solo en el Ejecutivo, sino en todas las dependencias del Estado.

Adicionalmente, deberá de trabajarse la deuda pública, en especial la de las municipalidades; tener más información del patrimonio público y continuar con el combate a la corrupción. Sin embargo, para lograr un cambio debe haber voluntad política de transparentar todos los gastos públicos, evaluar los programas y proyectos y tomar las decisiones pertinentes. Lo inmediato sería conformar un equipo de personas que integren una comisión que involucre a autoridades y miembros de distintos sectores, para iniciar a trabajar en torno a un proyecto factible y eficiente para todos los guatemaltecos. La paz llegará a los guatemaltecos cuando tengamos desarrollo.

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