Nacionales, Política — octubre 28, 2016 at 6:00 am

Empleado de Alejandro Sinibaldi recibió pago de US$1.5 millones de la constructora OAS

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Sofía Menchú/Asier Andrés

redacción@contrapoder.com.gt

El famoso “papelito shuco” no es lo único que vincula al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi con el pago de sobornos a empresas brasileñas. Documentos y testigos de la Fiscalía de Brasil evidencian la negociación de un pago fallido entre la constructora OAS y un ejecutivo de Arqco Outsourcing –la empresa de Sinibaldi– justo cuando el entonces ministro gestionaba un millonario contrato público.

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones está prófugo desde junio de 2016 y acusado de participar en el caso cooperacha.

 

A mediados de 2012, dos empresas pugnaban por obtener un contrato estatal de casi Q2 millardos: la ampliación a cuatro carriles de la CA2-Oriente, la carretera de Escuintla hacia la frontera con El Salvador. Por un lado estaba la transnacional brasileña OAS, establecida en Guatemala meses atrás, precisamente para ejecutar esta obra, como aseguró un funcionario de la embajada de Brasil y como prueban documentos incautados a la constructora por la Fiscalía brasileña. La otra interesada era Sigma Constructores, poderosa empresa local, que desde 1988 acapara la construcción y reparación de las carreteras en el oriente del país.

OAS apostaba por seguir la misma estrategia de Odebrecht, otra constructora brasileña, que ya tenía garantizada la adjudicación de la ampliación de la CA2-Occidente, la carretera que enlaza Escuintla con la frontera mexicana. Los documentos en poder de la fiscalía brasileña muestran que OAS pretendía obtener financiación del BNDES, un banco estatal brasileño que ofrece préstamos a empresas de su país para fomentar su actividad en el extranjero. Así lograrían una adjudicación directa, sin necesidad de competir.

Sigma, en cambio, apostaba por obtener financiación de una entidad regional, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y aprovechar que ya contaba con contratos de mantenimiento en esa carretera para ganar el el proyecto sin competir (con la financiación externa, no aplica la Ley de Compras, así que la adjudicación es directa).

Dos empresas poderosas y de larga trayectoria, luchando por no competir entre sí para ganar casi Q2 millardos, el segundo contrato público más cuantioso que otorgaría el gobierno del Partido Patriota (PP).

La decisión dependía de un funcionario que hacía solo unos meses había asumido el cargo: el ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi.

La conexión Panamá

Mientras esto ocurría, el 11 de octubre de 2012, la empresa Kingsfield Consulting, controlada por OAS, firmó un contrato con la sociedad Guerrero Law Investments Corporation. Ambas eran sociedades de cartón creadas en Panamá. Sus administradores eran empleados de bufetes de abogados. Sus sedes respectivas eran las oficinas de los bufetes de abogados que las crearon. De acuerdo con el contrato firmado, Guerrero Law Investment se comprometía a ofrecer a Kingsfield Consulting una asesoría para preparar un concurso público en Costa Rica: la construcción de la autopista Cañas-Liberia. El costo de la consultoría se fijó en US$19.3 millones, el cual se desembolsaría a medida que avanzara el trabajo, pero comenzaba con un adelanto de US$1 millón.

 

 

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Copia del contrato que registra la transferencia de US$1.5 millones a favor de las compañías vinculadas con Efraín Quevedo.

 

Este contrato carece de sentido. La autopista costarricense había sido adjudicada a finales de 2011 a la constructora española FCC. OAS presentó oferta, pero no ganó. En 2012, aún quedaban por adjudicar obras de dicha carretera, como la construcción de puentes, pero no eran trabajos cuya magnitud pudiese justificar una asesoría de casi US$20 millones.

El proyecto de Cañas-Liberia, Costa Rica, que contemplaba la ampliación de carriles y construcción de 38 puentes, más otros trabajos, costó $206.7 millones. Los US$20 millones negociados con Guerrero Law Investment eran equivalentes al 9.6 por ciento de una obra que no solo ya había sido adjudicada, sino era un negocio que correspondía a otra constructora.

¿Qué clase de consultoría tan valiosa podía ofrecerle una offshore panameña, sin actividad conocida, a una de las constructoras más importantes de América Latina?

Este contrato nunca debió ver la luz. De la misma manera que no estaba previsto que fuese pública la identidad del propietario de la empresa beneficiaria de los US$19.3 millones, Guerrero Law Investment: Efraín Alberto Quevedo Montenegro, un ciudadano guatemalteco, que desde 2013 es presidente de la filial en Costa Rica de Arqco Outsourcing y representante legal suplente en la de Colombia, como consta en los registros mercantiles de ambos países. Él mismo se presenta en la red social Linkedin como director regional de operaciones de dicha compañía.

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En su perfil de la red profesional LinkedIn, Efraín Quevedo registró su vínculo laboral con ARQCO.

En realidad, lo que ocurrió es que mientras OAS competía por ganar la ampliación de la CA-2 Oriente, una filial de la constructora brasileña acordó pagarle US$19.3 millones por unos servicios ficticios a un ejecutivo de la empresa más conocida del entonces ministro Sinibaldi.

Todo esto solo se hizo público porque a finales de 2014, la fiscalía brasileña destapó un gran caso de corrupción, el cual se ha denominado “Lava Jato” o Lava Carros.

La fiscalía brasileña allanó las oficinas de OAS y se llevó cantidad de documentos. También capturaron a los directivos de la constructora, quienes ya han sido procesados y condenados por participar en millonarios esquemas de sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas en Brasil.

Entre los documentos incautados, consultados por Contrapoder, se encuentra todo lo relacionado con el interés de OAS en la ampliación a cuatro carriles de la CA-2 Oriente. También se incluye el contrato con Guerrero Law Investment, copias de las acciones que muestran que Quevedo es socio de esta offshore panameña y una hoja de vida de Quevedo en la cual, misteriosamente, omite el nombre de las empresas para las cuales ha trabajado, pero cita entre sus referencias personales al abogado Arturo Jegerlehner miembro, durante años, del bufete de Salvador Saravia, el suegro de Sinibaldi.

Jegerlehner, además, fue el notario que constituyó media docena de sociedades vinculadas a Sinibaldi como Imágenes Urbanas, la cual fue vendida en 2009 al Grupo Emisoras Unidas.

La fiscalía brasileña también obtuvo el testimonio de uno de los consultores de OAS, un ingeniero llamado Roberto Trombeta. Este colaborador de la investigación explicó que fue contratado por OAS para administrar Kingsfield Consulting, una offshore panameña creada por Mossack Fonseca, el bufete especializado en proveer sociedades anónimas a clientes necesitados de mover u ocultar dinero hacia paraísos fiscales. Como parte de sus funciones, explicó Trombeta, OAS le pidió recibir fondos de diferentes subsidiarias de la constructora brasileña y con ese dinero realizar pagos a diferentes empresas por servicios ficticios. Entre las beneficiarias, Guerrero Law Investment, de Quevedo, el empleado de Sinibaldi.

De acuerdo con el pacto de colaboración firmado entre Trombeta y la fiscalía, difundido por las autoridades de Brasil, de los US$19.3 millones pactados entre OAS y la empresa del ejecutivo de Arqco, solo se hizo efectivo un primer pago. Según el testimonio del colaborador, este desembolso fue de US$1.5 millones y se hizo a través de una cuenta del banco con sede en Miami EFG Capital, el cual posteriormente transfirió el dinero a otra cuenta del banco HSBC en Panamá.

Esta versión difiere con la cantidad que muestran los documentos incautados a OAS por la fiscalía. En el expediente figura un recibo emitido por sociedad de Quevedo, que asciende a US$1 millón.

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Efraín Quevedo, el empleado de confianza de Sinibaldi, y que prestó su nombre para la transacción desde Brasil.

Aunque el monto de la comisión difiere, lo cierto es que este primer desembolso se produjo. Y se produjo a finales de octubre de 2012, cuando la decisión sobre el proceso de adjudicación de la CA-2 Oriente estaba en las manos de Sinibaldi y cuando la balanza aún no se había inclinado hacia el lado de OAS ni al de Sigma.

Hay un hecho que podría explicar porqué los desembolsos no continuaron: OAS no obtuvo el contrato. La balanza se inclinó del lado de Sigma a partir del 28 de noviembre, cuando el BCIE aprobó un préstamo de US$280 millones.

A partir de entonces, la empresa controlada por el ejecutivo de Arqco, no recibió un centavo más de OAS.

Una empresa poderosa

OAS se enfrentó a un rival formidable. Sigma no es solo una de las principales constructoras de Guatemala, es también una empresa con influencia política protegida por los sucesivos gobiernos desde la presidencia de Vinicio Cerezo (1985-89). Como documentó ContraPoder en una nota publicada en 2013, Sigma posee, en la práctica, un monopolio sobre las principales rutas desde la capital hacia oriente. Construye sin competir en concursos públicos, gracias a una interpretación de un artículo transitorio, ya derogado, de la Ley de Compras y Contrataciones.

Era natural que Sigma considerase la CA-2 Oriente como su territorio. La constructora guatemalteca, de hecho, luchó contra dos brasileñas y venció a ambas.

El proyecto fue, primero, ambicionado por Odebrecht, también vinculada al caso Lava Jato. Inicialmente, Odebrecht, según informó una fuente vinculada a Sigma que pidió no ser citada en esta nota, promovió un esquema muy similar al que le había permitido adjudicarse la CA-2 Occidente en diciembre de 2012 por Q3 millardos. Aportar financiación mayoritaria del BNDES, ganar el contrato y luego subcontratar a empresas nacionales.

La fuente del entorno de Sigma señaló que Odebrecht se acercó a la empresa precisamente con el interés de un pacto similar. Los brasileños obtendrían la adjudicación y ofrecerían a Sigma un porcentaje generoso de los trabajos. Esta versión fue refrendada por el expresidente Otto Pérez Molina. “Alejandro (Sinibaldi) me contó que Odebrecht y Sigma querían asociarse y dividirse los tramos de Escuintla a Pedro Alvarado”, confirmó Pérez desde prisión.

Sigma, sin embargo, apostó a lograr el contrato. Ante este revés, Odebrecht desistió. “La empresa sí tuvo interés por la CA-2 Oriente, pero fue la prioridad establecida por el Gobierno lo que hizo que se concentraran los esfuerzos en iniciar la construcción de la CA-2 Occidente”, expuso una vocera de Odebrecht en Guatemala en un entrevista vía correo electrónico.

De esta forma, OAS quedó con Sigma como único obstáculo para su ansiado proyecto de casi Q2 millardos. Pero la constructora guatemalteca se impuso.

En ello pudo influir un hecho recién revelado por el Ministerio de Público. Sigma y dos de sus filiales, Lanello y HW Contractors, financiaron ilegalmente la campaña del Partido Patriota en 2011.

De acuerdo con la investigación, que llevó a la captura de tres directivos de Sigma, la constructora entregó al Patriota donaciones no reportadas a la autoridad electoral.

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Otto Pérez Molina y Sinibaldi, dos de los máximos líderes del Partido Patriota terminaron señalados de corrupción.

Una vez que el BCIE aceptó financiar la CA-2 Oriente, el ministerio que dirigía Sinibaldi, en julio de 2013, emitió una resolución en la cual recomendaba que la obra la ejecutase Sigma dado que eran ellos quienes ya tenían un contrato para dar mantenimiento a la misma ruta. Este dictamen, consultado por ContraPoder, fue el argumento que usó el CIV para solicitarle al BCIE que permitiera una adjudicación directa a Sigma Constructores.

Cuando el Congreso aprobó el préstamo por US$280 millones del BCIE, en mayo de 2014, el nombre de la constructora guatemalteca ya figuraba en el decreto que daba vida a la ampliación de la CA-2 Oriente. Es evidente que Sigma Constructores contó con el apoyo de Sinibaldi.

Deuda pendiente

A pesar del primer fracaso, OAS perseveró. Tras la apuesta por la CA-2 Oriente comenzó el interés por un proyecto aún mayor: la ampliación a cuatro carriles de 135 kilómetros de la CA-9 Norte, la carretera desde Zacapa a Puerto a Barrios.

De acuerdo con la correspondencia intercambiada entre el BNDES y el Ministerio de Finanzas, consultada por Contrapoder, la gestación de este contrato comenzó en diciembre de 2013, casi un año después del primer fracaso de OAS. Para junio de 2014, la constructora ya tenía garantizada la financiación. El BNDES había aprobado. El valor de la carretera sería de unos US$400 millones de los cuales el BNDES brasileño aportaría US$295 millones.

En octubre de ese año, OAS se dirigió al Ministerio de Finanzas para anunciarle las condiciones del crédito y explicarle que había conversado con el CIV.

Según los registros migratorios de Sinibaldi, que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) difundió el año pasado, el entonces ministro viajó a Brasil en los momentos clave de la gestación del proyecto. Estuvo dos veces entre noviembre y diciembre de 2013, cuando se echó a andar el plan y, después, en marzo de 2014, cuando el BNDES decidía apoyarlo o no y, finalmente, en septiembre, poco antes de que el Ministerio de Finanzas fuese informado de su existencia.

En paralelo, uno de los directivos de OAS, Agenor Magalhaes, viajó a Guatemala en tres ocasiones a lo largo de 2014, y otro de las altos ejecutivos de la compañía, Adelmario Pinheiro, entró al país a comienzos de octubre del mismo año. Eran momentos clave cuando el proyecto debía recibir el visto bueno de Finanzas.

Sin embargo, de nuevo, los planes se frustraron. En esta ocasión no fue la competencia de una agresiva constructora guatemalteca. A finales de 2014, estalló en Brasil el caso Lava Jato. Los dos directivos que habían visitado Guatemala para negociar la construcción de la CA-9 Norte fueron capturados. Entre los documentos que la fiscalía les incautó, se encontraban unas notas manuscritas que parecen ser el esbozo de la negociación de una comisión a cambio de la obra. El famoso papel que, meses después, cuando la información fue difundida por la prensa brasileña, Sinibaldi llamó con desprecio “papelito shuco”.

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Este fue el documento encontrado por la fiscalía brasileña que involucraba a Guatemala en coimas entregadas por OAS Petrobras.

Dos millonarios contratos trató de ganar OAS en Guatemala durante el mandato de Sinibaldi: la CA-2 Oriente y la CA-9 Norte. En ambos casos existen evidencias de que hubo intentos de sobornar al ministro. En el caso de la CA-2 Oriente, quedó constancia de que un ejecutivo de una de sus empresas recibió de OAS al menos US$1 millón a cambio de nada. OAS apostaba por seguir la misma estrategia de Odebrecht, otra constructora brasileña, que ya tenía garantizada la adjudicación de la ampliación de la CA2-Occidente, la carretera que enlaza Escuintla con la frontera mexicana. Los documentos en poder de la fiscalía brasileña muestran que OAS pretendía obtener financiación del BNDES, un banco estatal brasileño que ofrece préstamos a empresas de su país para fomentar su actividad en el extranjero. Así lograrían una adjudicación directa, sin necesidad de competir.

Sigma, en cambio, apostaba por obtener financiación de una entidad regional, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y aprovechar que ya contaba con contratos de mantenimiento en esa carretera para ganar el el proyecto sin competir (con la financiación externa, no aplica la Ley de Compras, así que la adjudicación es directa).

 

Sinibaldi niega estos hechos. 

Una historia recurrente

En una entrevista concedida por correo electrónico, el exministro Alejandro Sinibaldi enfatizó que OAS no tiene contratos en Guatemala, cuestionó la veracidad de los documentos de la Fiscalía de Brasil y aseguró que, en todo caso, se trata de una actividad privada entre Quevedo y OAS. El exministro no aclaró la relación entre su empresa Arqco y el ejecutivo.

Alejandro Sinibaldi

Sinibaldi se mantiene escondido fuera de Guatemala para no ser detectado por las autoridades de Interpol.

“Esta operación comercial entre una empresa panameña y el señor Quevedo no tiene relación con mi persona o con Grupo Sincorp (Arqco) desconozco la razón, los montos, los alcances y la veracidad de la misma”, respondió Sinibaldi.

El exministro, además, se desvinculó de Arqco y aseguró que hace diez años que no es parte de la Junta Directiva. “En estos meses estaba evaluando mi regreso a dicha actividad, pero tomé la decisión pública de salir a estudiar al extranjero”, dijo Sinibaldi.

Esta respuesta contrasta con lo afirmado en una entrevista concedida desde India al medio Soy502 a comienzos de abril. Entonces, cuando la periodista le preguntó a qué se dedicaba, el exfuncionario dijo: “Tengo empresas de diversa índole, tal vez la empresa más conocida se llama Arqco Outsourcing”.

A través de un comunicado remitido a Reuters, el Grupo Sincorp explicó que Quevedo “desde hace varios años” no ocupa un cargo en la empresa y solo presta, ocasionalmente, sus servicios de consultor de ventas. Los registros públicos, sin embargo, muestran que Quevedo sí era representante legal de Arqco en Costa Rica y Colombia, cuando su offshore panameña firmó el contrato de US$ 19.3 millones con la filial de OAS (2012).

Quevedo respondió a Reuters, a través de un correo eléctronico, que no ha tenido relación con OAS, que no conoce a Trombeta, el ingeniero con quien la empresa de la que es socio acordó la asesoría, y que no “tiene ni idea de un contrato de casi US$20 millones”. “Sí he trabajado para empresas panameñas y he firmado contratos con las mismas, pero nunca con la constructora OAS. Tal vez y eso es el malentendido”, contestó el ejecutivo.

En comunicación posterior, Quevedo aseguró que corroboró la información: “Me contrató inicialmente para un proyecto en Costa Rica y que luego se amplió (…) principal objetivo era una consultoría en posibilidades de inversión en la región”.

El empleado de Sinibaldi afirmó que dicha empresa nunca le informó sobre sus relaciones con la constructora OAS, mucho menos su interés de invertir en Guatemala. En el contrato de los US19.3 millones, hay un error, señaló, la cifra no era millonaria sino por US$1 mil 900. “Todo esto se realizó de manera personal y como una actividad independiente de Sincorp”, insistió.

No es la primera ocasión en la que los empleados de Sincorp figuran en negocios millonarios que conducen al exministro Sinibaldi.

Una investigación del medio digital Plaza Pública, publicada en septiembre de 2014, evidenció cómo un contador de Arqco, llamado René Cardona Pérez, fue utilizado para crear una empresa de cartón que adquirió dos inmuebles al contado por Q1.2 millones, mientras Sinibaldi era funcionario público. Una de las propiedades era una finca de casi 700 hectáreas, en Yaxhá, Petén, dentro de un área protegida, en donde se realizaban movimientos de tierra y tala de árboles, sin contar con los permisos.

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La investigación de Plaza Pública reveló como los empleados de Sinibaldi fungían como sus testaferros.

Entonces, como ahora, el exministro aseguró que él nada tenía que ver, que las propiedades no eran suyas. Entonces, como ahora, Sinibaldi dijo que Cardona había dejado de trabajar en Sincorp antes, por lo que no podía responder por sus actividades. La historia se repite.

 

 

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