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Juan Luis Font, Opinión — noviembre 3, 2016 at 7:00 am

Juntos como hermanos

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Se anuncia el final de la batalla por la presidencia de la Junta Directiva de 2017. Y la llegada de un amplio acuerdo político.

Juan Luis Font

De pronto, el pantano en el que se había convertido el Congreso a raíz de la elección de la próxima Junta Directiva empieza a drenar.

Después de dos semanas sin poder elegirlo, los oficialistas ven cada vez más incierta la participación de Oliverio García Rodas como su candidato. Empieza a verse probable también que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es decir, Sandra Torres, deje de oponerse a integrar una planilla junto al partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y así se pueda convocar a una Junta Directiva de unidad, con representantes de todos los partidos políticos. Lo más probable, es que sea con Mario Taracena al frente de la directiva hasta 2018.

De esa manera, el Congreso se orientaría con más estabilidad y menos fragmentación hacia un año cargado de grandes decisiones políticas. Un año que no empieza en enero próximo, sino en este propio mes de noviembre, y que deberá abordar leyes importantes de una agenda ineludible: la ley de Agua, la ley de Competencia y la ley de Desarrollo Rural, amén de las reformas al sector justicia.

El lunes pasado acudieron a la Casa Presidencial dos terceras partes del auténtico eje del poder en el país: Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Thelma Aldana, fiscal general de la república. Solo estuvo ausente el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson. El comisionado y la fiscal llegaron a reunirse con el presidente Jimmy Morales, con el presidente del Congreso Mario Taracena y con el presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Oliverio García Rodas. Claro que estuvo ahí también el procurador de Derechos Humanos Jorge de León. Y la presidenta del Organismo Judicial, Patricia Valdez. La reunión era para revisar el punto más importante de la agenda de consolidación del cambio en el sistema de justicia: la reforma constitucional que procura mantener alejada de las cortes la política partidista y la influencia de los factores de poder real.

La conclusión de esa cita es que la reforma va. El liderazgo político del país así lo ha decidido a instancias de la CICIG, el Ministerio Público (MP) y la omnipresente Embajada de Estados Unidos. Y va sin cambios, prácticamente, de cómo fue propuesta por sus promotores.

Es una reforma que enfrenta no pocos críticos dentro del propio Congreso, en torno a tres puntos: la jurisdicción indígena, las modificaciones al antejuicio (que le permitirá al MP investigar a un diputado o a un ministro aun antes de que se declare con lugar la solicitud de llevarlo a proceso) y la sustitución de las comisiones de postulación para magistrados por un Consejo Nacional de Justicia.

Según afirman los líderes de las dos bancadas más grandes –y determinantes– del Congreso, FCN y UNE, la reforma será aprobada sin remilgos. Pero para eso se necesitará de un nivel amplio de consenso porque cada cambio requiere de 105 votos de 158 posibles.

Es una ardua tarea para el liderazgo político dentro del Congreso, pero con el empujón de los impulsores reales de la reforma, las cosas habrán de caminar incluso si un asunto como la jurisdicción indígena genera tanta suspicacia en el sector privado organizado y en no pocos partidos políticos. La batalla luego habrá de librarse en un escenario más amplio, en el territorio nacional, de cara a la consulta popular.

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