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Opinión, Vanessa Núñez Handal — noviembre 9, 2016 at 7:00 am

Educación para prevenir violencia

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Con el dinero que se invierte en planes de combate contra el crimen, se pudo haber creado planes de educación y prevenir la violencia actual.

Vanessa Núñez

Vanessa Núñez

La semana recién pasada, el gobierno de El Salvador informó que Honduras, Guatemala y ese país lanzarán, a partir del 15 de noviembre del presente año, una fuerza conjunta para el combate del crimen organizado y las pandillas.

Según se afirmó, los presidentes de las tres naciones acordaron en agosto recién pasado, llevar a cabo un despliegue de elementos policiales e intercambio de información, a fin de luchar contra las estructuras criminales.

El problema es que estos planes de “solución” conjunta no incluyen un plan de prevención. Esto es, medidas que busquen evitar que más jóvenes se vean en situación de riesgo.

Y es que, para comprender el fenómeno de la violencia, no basta con estudiar la situación presente –que es crítica y hace que la población pida soluciones urgentes–, sino que también hay que estudiar las causas profundas e históricas de dicho fenómeno.

Sus orígenes son tan antiguos como antiguas han sido la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades y la violencia generalizada en Centroamérica. Estas han sido las causas verdaderas del fenómeno social que ahora nos aqueja.

Por tal razón, no se puede resolver el problema del crimen organizado y la violencia, sin hacer énfasis en las circunstancias que lo posibilitan.

Tampoco se puede pretender detener, juzgar o incluso aniquilar a todos los involucrados en el crimen organizado y las pandillas, porque no darían abasto los recursos, así correspondan estos a tres países en conjunto.

Pero las razones para la “ceguera” de los Gobiernos y los encargados de la seguridad de estas tres naciones, pueden explicarse mediante diversas causas.

La primera: una obvia presión nacional e internacional, para que muestren resultados a corto plazo.

La segunda: la necesidad de demostrar al electorado que se están tomando medidas drásticas y que los gobiernos están acatando el mandato del pueblo, siendo este poner fin a la violencia de la forma que sea.

La tercera: a los gobiernos les tiene sin cuidado implementar programas a largo plazo (tal es el caso de la educación), ya que estos no les rendirán frutos inmediatos y aquí, de lo que se trata es de ganar las próximas elecciones.

La cuarta: la sociedad civil centroamericana no se encuentra lo suficientemente organizada, por lo que no existen consensos que impulsen la educación y la cultura no solo como un derecho humano, sino también como los mecanismos principales para la prevención de la violencia.

Si como ciudadanía nos organizáramos y exigiéramos a nuestros Gobiernos que efectuaran programas a nivel regional de educación y cultura, tendientes a la prevención de la violencia, mediante la inclusión y oportunidades reales para los jóvenes en riesgo, quizás estos verían algún beneficio en la ejecución de dichos planes.

Es claro que para la implementación de programas de educación se requiere recursos. Pero también es claro que dichos recursos, acaso no sean mayores que los que ahora se destinan a programas para el combate a la delincuencia.

Si nuestros gobiernos y nosotros –como sociedad civil–, cuando existió la oportunidad (allá en los años 90) hubiéramos hecho nuestra tarea, ahora, veinte años más tarde, estaríamos viendo los frutos.

Pues bien, quizá aún no sea tarde. Quizá aún podemos rectificar el camino y exigir que se haga lo que debimos hacer en el pasado. Quizá entonces –en un futuro–, ya no nosotros, pero sí nuestros hijos y nietos, puedan gozar de una Centroamérica distinta: una región de oportunidades donde lo que nos una ya no sea la violencia, sino la cultura y el bienestar conjunto.

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