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Columnas, Fernando Carrera, Opinión — noviembre 9, 2016 at 9:43 am

La concentración contra la impunidad

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En Guatemala la lucha contra la impunidad enfrenta varios desafíos.

Foto: Archivo CP

Foto: Archivo CP

Una de las herencias del conflicto armado es la división política e ideológica de la sociedad, en razón de lo que en ese momento se consideraba derecha e izquierda. Sin duda esa división nos seguirá marcando por varios años más, pero conforme nos adentramos en el siglo 21, los desafíos históricos de esta nueva época empiezan a imponerse como el referente político ante el cual debemos responder como sociedad.

No se trata de eliminar las ideologías que surgen en todo espacio social democrático. Los conservadores seguirán teniendo valores conservadores y los progresistas, continuarán asumiendo valores progresistas. Pero en medio de esa diversidad de perspectivas éticas y políticas, es necesario construir una alianza amplia que enarbole como único estandarte la bandera de la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y a favor de la justicia.

El caso latinoamericano más cercano a lo que debemos hacer es el de la Concertación Democrática en Chile, la cual surgió con el objetivo de enterrar el viejo régimen dictatorial de Augusto Pinochet, y así construir las bases del Estado democrático moderno chileno. La concertación fue el vehículo que sembró las semillas de una institucionalidad y una sociedad democráticas, donde hoy impera la libertad y el debate ideológico.

En Guatemala, la lucha contra la impunidad se enfrenta a un desafío parecido, pero con algunas diferencias. En primer lugar, la lucha contra la impunidad debe incluir a sectores que se consideran de derecha y de izquierda, pero que asimismo desean eliminar el estilo de hacer política de las últimas tres décadas, donde los representantes electos a través del sufragio decidieron envilecer el mandato recibido del pueblo, construyendo negocios privados desde lo público, en vez de dedicarse al servicio a favor de los ciudadanos. Recuperar la democracia como una trinchera de lo público y no una escalera para el enriquecimiento ilícito, es la gran bandera que puede unir a progresistas y conservadores en nuestro país.

“…la gran batalla contra la corrupción se librará en varios frentes durante los próximos meses”.

En segundo lugar, no se trata de un frente ciudadano contra un dictador o un régimen dictatorial, pero sí es necesario construir un espacio de confluencia política donde se enfrente a la clase corrupta política y empresarial, que han cooptado las instituciones del Estado y los partidos políticos, transformando lo estatal en un mecanismo espurio al servicio de sus intereses mezquinos. No es un frente antidictatorial, pero sí uno contra grupos de poder que han envilecido la política.

En tercer lugar, se trata de articular tanto fuerzas nacionales como internacionales que desean promover un cambio político a favor de los ciudadanos y en contra de las mafias. Los reclamos de soberanía de los sectores que defienden el modelo político e institucional corrupto, son cantos de sirena entonados para provocar el hundimiento del barco de la lucha contra la impunidad. Bien saben las mafias que en este momento los cambios dependen, en gran medida, de la presión del Gobierno de los EE.UU. y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y que sin esos contrapesos internacionales la balanza se inclinaría hacia el lado de sus intereses, dado el enquistamiento en el poder público que han construido a lo largo de varios años.

Por último, no hay que perder de vista que la gran batalla contra la corrupción se librará en varios frentes durante los próximos meses. La Ley de Competencia, la elección de la Junta Directiva del Congreso, las Reformas Constitucionales y los proyectos de concesión de infraestructuras estratégicas, son todos parte del proceso para construir un Estado y una institucionalidad democrática sólidos, donde el interés público reine sobre el interés privado espurio y donde el servicio a las ciudadanos sea el principal norte que oriente la acción estatal.

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