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Columnas, Jonatán Lemus — noviembre 9, 2016 at 11:49 pm

No hay nueva política

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Foto: Archivo CP

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Es innegable que la política guatemalteca ha manifestado algunos cambios a partir de la crisis política del 2015. Por ejemplo, a diferencia de hace cuatro años, ahora no hay candidaturas presidenciales definidas y, por ende, no se han visto campañas anticipadas. Los caudillos departamentales y municipales han recibido duros golpes, por lo que el modelo del partido como franquicia se ve cuestionado. El financiamiento político tendrá mayores controles en el futuro, aunque aún hace falta mucho para mejorar la transparencia de las contribuciones a los partidos políticos. Por último, el transfuguismo parlamentario se ha reducido temporalmente, debido a los cambios en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Estos cambios son positivos, pero no suficientes para el surgimiento de una
“nueva política” en Guatemala. Los incentivos del sistema se mantienen. En el mundo de los partidos políticos, la Ley Electoral reformada no promueve una verdadera competencia interna por los liderazgos y candidaturas. El modelo vertical de control de los dueños de las agrupaciones se consolidará, más ahora que el Estado deberá financiar la campaña en medios de comunicación de todas las participantes. Asimismo, la ciudadanía mantiene la apatía hacia la política electoral, sobre todo por el riesgo de verse asociados a prácticas de corrupción y personajes cuestionados.

En el Congreso, la historia no es diferente. A pesar del intento del presidente de dicho organismo de depurar al personal administrativo e imponer controles para futuras contrataciones, un buen número de diputados se muestra reacio a dichos cambios. La elección de la Junta Directiva refleja, según varios analistas, ese anhelo de algunos legisladores de regresar y mantener intacto el statu quo, la vieja política.

Por su parte, el presidente Jimmy Morales, quien pudo convertirse en el símbolo de la nueva política, no ha logrado responder a las demandas ciudadanas de emprender una lucha frontal contra la corrupción. Los casos de compras dudosas, el nepotismo y las plazas fantasmas se escuchan en el ambiente. La manera en cómo el Ejecutivo ha manejado su relación con el partido oficial, al aceptar tránsfugas y promover una planilla de Junta Directiva duramente cuestionada, agrega al desencanto de los ciudadanos.

La ciudadanía, cada vez menos vociferante, se ha expresado en momentos puntuales a través de las redes sociales y otros medios, ante iniciativas poco populares como la propuesta de “reforma” fiscal y el ya olvidado estado de prevención. Algunos han dado el paso hacia la formación de movimientos estudiantiles y organizaciones de sociedad civil, con la aspiración de en algún momento participar en la política electoral. Sin embargo, con las actuales reglas del juego, pocos serán los que tomen el riesgo de utilizar la vía electoral para canalizar sus demandas de rechazo al sistema.

Quizá el error de nosotros los ciudadanos, en el 2015, fue creer que el surgimiento de la nueva política sería resultado de un conjunto de reformas institucionales. Los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Servicio Civil, son necesarios mas no suficientes para una verdadera transformación del sistema. Cambios en la cultura política del país, son indispensables. La participación activa, tanto en la política como en las diversas asociaciones de ciudadanos, se hace cada vez más necesaria. No puede haber una nueva política liderada por los mismos actores del pasado.

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