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Miguel González Moraga, Opinión — noviembre 17, 2016 at 7:00 am

Ojo a los proyectos público-privados

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En su edición 179 (11 de noviembre de 2016) ContraPoder dedicó las páginas 34 y 35 a describir seis proyectos que promueve la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), con los que en los próximos años pretende captar inversiones por US$1,585 millones.

Defensor del lector

 

El Centro Administrativo del Estado (CAE), por ejemplo, sería un conjunto de edificios en la antigua estación central del tren, en el Centro Histórico capitalino, construido y administrado por empresarios a los que el Estado guatemalteco les pagaría alquiler al menos durante 20 años. Vencido el plazo, el complejo pasaría a la administración pública (quizá a partir de 2040).

Los restantes cinco proyectos de “El Portafolio” de alianzas público-privadas incluyen un metro riel, dos tramos carreteros de peaje, la modernización del aeropuerto La Aurora y un puerto intermodal en Tecún Umán, frontera con México. Considero que falta más fiscalización de parte del semanario sobre ese tipo de negocios proyectados, pues comprometerán durante décadas fondos y activos del erario. Además, porque la Anadie es una oficina pública creada como consecuencia la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (la cual aprobó el Congreso en abril de 2010) y que funciona desde octubre de 2012.

Desde enero de este año, el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie, ente rector de la Anadie) no ha nombrado director tras la renuncia de Julio Héctor Estrada, quien pasó a ser ministro de Finanzas Públicas. Desde su nuevo puesto, Estrada —por ley — preside la Conadie.

Insisto en la necesidad de ponerle ojo a esos negocios: aunque son asuntos fundamentalmente económicos tienen aristas políticas. No estoy en contra de la sola descripción, pero el semanario ha demostrado que le gusta escarbar y explicar de forma detallada, lo cual es bien agradecido por quienes lo leemos. Los grandes proyectos merecen mucha fiscalización periodística, tal vez así se puede contribuir a transparentar negocios irregulares, como el aún no resuelto de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por el que hay personas en prisión y otras con orden de captura.

Para cerrar, me pareció bastante completo el perfil del diputado Luis Hernández Azmitia, a quien la revista califica como “El aguijón de la salud pública”. El legislador, quien se dedica a sobrefiscalizar el sistema nacional de salud, no ha tenido militancias políticas estables, pues en menos de una década ha participado en Encuentro por Guatemala, en Compromiso, Renovación y Orden (Creo), en el Partido Patriota (PP), en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en Visión con Valores (Viva) y en la actualidad en el Movimiento Reformador (MR).
A mi juicio, el “pero” de esa nota es que Lucrecia Hernández Mack —ministra de Salud Pública y quien ha estado bajo el fuego de Hernández Azmitia— merecía un poco más de espacio para aclarar sus decisiones.

 

“…el semanario ha demostrado que le gusta escarbar y explicar de forma detallada, lo cual es bien agradecido por quienes lo leemos”.

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