Actualidad, justicia, Nacionales — noviembre 19, 2016 at 12:10 pm

20 preguntas y sus respuestas para aprender sobre justicia indígena

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Durante cuatro meses se discutió reformar la Constitución en materia de justicia. La propuesta final, que propone modificar 25 artículos, fue presentada el pasado 5 de octubre. La iniciativa para ampliar el artículo 203 y equiparar los sistemas jurídicos indígena y ordinario, es la polémica.

justicia indigena
*Publicado originalmente el 21 de octubre de 2016, en la edición 176 de Contrapoder.

La inclusión del pluralismo jurídico dentro de las reformas a la Carta Magna son el centro de controversia en estos días. Se hizo, de acuerdo con la exposición de motivos, para “mejorar el acceso de justicia, principalmente de las personas que han tenido serias dificultades para alcanzarla, como los pueblos indígenas y las mujeres”.
ContraPoder consultó a tres abogados expertos en la justicia maya, quienes explican qué es, cómo funciona y qué cambiará (y qué no) si este sistema se reconoce ante la Constitución. Ellos son Andy Javalois, analista jurídico de la Fundación Myrna Mack y docente de Derecho Maya en la Universidad Mesoamericana; Érick Maldonado, constitucionalista e integrante del consorcio URL-Usac-ASIES para las reformas constitucionales; y Pedro Ixchú, experto en materia de pueblos indígenas y exalcalde maya en Totonicapán.

1. ¿Qué es el derecho indígena?
Érick Maldonado (EM): Es el conjunto de normas, procedimientos, instituciones y autoridades emanadas de las comunidades indígenas que tienen la facultad de solucionar conflictos que puedan surgir a lo interno de sus agrupaciones.
Cuenta con una serie de elementos: tiene normas ancestrales basadas en la costumbre y no están escritas; existen mecanismos para hacerlas valer; cuenta con autoridades reconocidas y que gozan de legitimidad por parte de la comunidad –por encima de las autoridades de justicia ordinaria; y tienen instituciones propias de administración de justicia.

2. ¿Por qué es necesario que la Constitución reconozca el derecho indígena?
EM: Para legitimarlo y establecer cuáles van a ser los parámetros y mecanismos dentro de los cuales se impartirá. Es un derecho que ya existe en los 48 cantones de Totonicapán, Chimaltenango, Quiché, San Marcos, entre otros. En la práctica ha suplido la ausencia del Estado y la falta de administración de justicia en las poblaciones indígenas por parte del sistema ordinario.

 

3. ¿Qué vacíos llena el derecho indígena que no lo pueda hacer el sistema occidental?
Andy Javalois (AJ): El Organismo Judicial tiene una incapacidad material para resolver la conflictividad en todas las comunidades, a pesar de que tiene una extensa red de juzgados de paz. En tanto que el derecho maya resuelve en la localidad, con sus propias formas y con celeridad, en garantía de resarcir el daño ocasionado para regresar al equilibrio.
El derecho indígena no se restringe a lo penal sino que puede tratar cualquier materia que afecte directamente a la comunidad, pero siempre con respeto a la Constitución y a los derechos humanos.
4. ¿Cuáles son algunas de las debilidades del sistema indígena?
EM: Que no es escrito, a diferencia del sistema oficial. Quienes lo cuestionan critican que como no está codificado, da lugar a la discrecionalidad. Sin embargo, no es arbitrario porque lo imparten autoridades reconocidas y hay un control de constitucionalidad.
También argumentan que da lugar al racismo, pero tampoco es así. Si los únicos sujetos a ese derecho van a ser miembros de una comunidad y las sanciones van a ser impartidas por autoridades de esa comunidad, ¿dónde está el racismo? ¿Acaso no es más racista y discriminatorio juzgar a una persona en un idioma que no conoce, con base en una normativa que quizá nunca conoció?

 

5. Si se reconoce el sistema indígena, ¿se creará un sistema de justicia paralelo?
EM: Por supuesto, y no serán dos, sino será el oficial y los diversos sistemas de los pueblos indígenas que tienen su propia identidad.
Pedro Ixchú (PI): De hecho han existido de forma paralela y hay varias resoluciones oficiales que reconocen la existencia de sistemas jurídicos de pueblos indígenas. Aunque el Estado no reconozca a las autoridades indígenas, existen, han existido y van a seguir existiendo. Lo que tratamos de superar con esta reforma es dejar de trabajar de manera clandestina.

 

6. En la actualidad, ¿cómo opera el sistema indígena?
PI: Son sistemas orales con procedimientos establecidos. Cuando la autoridad indígena se entera de un conflicto, no espera como el juez a que las partes lleguen a él sino que él las busca para lograr un arreglo directo. Él busca al sindicado, interroga a ambas partes para ver qué pasó y pregunta si hay voluntad de arreglarlo. Si la hay, los cita y comienza la conciliación. A esta audiencia pueden comparecer la víctima, sus hijos, parientes y amigos, e igual para los sindicados. Se insiste en el arreglo directo. Si no se logra, la autoridad investiga con amigos, parientes, vecinos y testigos, y con esa información resuelve junto a su consejo. En el sistema oficial a esto se le llama publicidad o juicio democrático, nosotros ya lo aplicamos en nuestras audiencias.

 

7. ¿La jurisdicción maya puede conocer delitos de cualquier índole?
PI: Conocemos delitos contra la vida y contra el patrimonio. Pero no podemos juzgar el crimen organizado, lavado de dinero y cualquier delito de lesa humanidad. Estos le corresponden al Estado.

 

Andy Javalois, analista jurídico y experto en jurisdicción indígena (Foto: Dafne Pérez - CP)

Andy Javalois, analista jurídico y experto en jurisdicción indígena (Foto: Dafne Pérez – CP)

8. ¿Este sistema se restringe a una jurisdicción específica o sus autoridades tendrán poder en cualquier lado del territorio nacional?
PI: Sí, es exclusivamente territorial. Si un indígena y un no indígena tienen un conflicto, el caso lo toma la jurisdicción ordinaria, pero hay casos en que las dos partes deciden someterse voluntariamente al sistema maya y es válido. Ahora, dos personas no indígenas en el territorio indígena sí podrían ser sujetas a la jurisdicción maya. Pero si se da un caso de dos indígenas fuera de su territorio, lo conocerá el sistema oficial. Aunque esto solo se podrá determinar cuando el derecho maya sea reconocido. Lo que tenemos que garantizar es la certeza jurídica.

 

9. ¿Ha funcionado la coordinación entre autoridades oficiales, como jueces y fiscales, y autoridades indígenas?
AJ: El problema con la coordinación es que se ha hecho por áreas, solo con ciertas comunidades porque no ha habido una política de Estado, o al menos del sector justicia, que haya sido preponderante para lograrlo. Algunos jueces han reconocido a las autoridades de pueblos originarios (a partir de 2003) y se han abstenido de conocer ciertos casos porque ellos ya los han sancionado.

 

10. ¿Hay algún caso de éxito en la coordinación?
EM: Sí, el caso García-Cardona (expediente 1467-2014 de la Corte de Constitucionalidad) es paradigmático. Un chico violó a otra chica –ambos menores de edad– en Comitancillo, San Marcos. Indignados, los padres de ambos fueron ante la alcaldía maya y plantearon la denuncia. Impusieron tres castigos: la condena moral fue arrodillarse ante la chica y los padres de ambos y ofrecer disculpas; luego se le impartió una pena física en la que su papá le dio 25 azotes; y por último, le tocó pagar una pena económica: él y su familia le costearon las atenciones psicológicas y médicas a la adolescente. El juzgado distrital avaló el fallo, pero el MP apeló bajo el argumento que se trataba de un delito de violación y que el muchacho debía ir a la cárcel.
El caso llegó a la CC y esta indicó que él ya había sido juzgado por una autoridad competente y bajo el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, concluyó que no procedía juzgarlo de nuevo por violación. Aseveró que las autoridades mayas estaban legitimadas para administrar justicia. La CC indicó que el reconocimiento de los pueblos mayas y sus derechos implica el reconocimiento de su pluralismo jurídico, es decir, que existen sistemas de administración de justicia que son independientes del sistema convencional. La Corte Suprema de Justicia y la CC han emitido jurisprudencia de este tipo.

 

11. Pero, ¿un castigo con azotes no implica una violación a los Derechos Humanos?
EM: Es un punto que se puede discutir. Fueron dados por el padre del chico, en ejercicio de sus funciones paternas. Si hubieran sido los padres de la chica, sí habría un conflicto claro. Podemos debatir si era correcto o no, pero lo que más resalto es que hubo satisfacción por parte de las víctimas, quienes quedaron resarcidas moralmente. Para ellos, sí fue suficiente el arrepentimiento del muchacho, las disculpas y la pena económica.

 

12. ¿El derecho maya contempla la cárcel como castigo?
EM: No. Pueden haber mecanismos restrictivos de libertad, pero lo que se busca es retribuir al ofendido y a las víctimas en lo moral y económico.

 

13. En caso de que una de las partes no quede satisfecha con el fallo, ¿qué puede hacer? ¿Lo puede apelar? ¿Puede recurrir a la policía o al MP?
AJ: El sistema de pueblos originarios no establece el sistema de doble gradación. Sin embargo, es evolutivo y sé que en algunos casos ya lo están planteando como una posibilidad. Yo propongo que si una persona fue juzgada por el sistema maya y siente que se le afecta en su dignidad, debería poderse oponer a lo resuelto por sus autoridades a través de un amparo, y que ellos lo acepten.

 

14. ¿Las personas no indígenas podrán ser sometidas a la justicia maya?
AJ: Se tienen que cumplir con ciertas condiciones como: pertenecer a la comunidad y conocer sus normativas, la comunidad tiene que reconocerlo como integrante de la misma, las autoridades tendrían que avalarlo y, por último, tendría que haber consenso entre las autoridades de los pueblos mayas y las oficiales del Estado para que esto pueda suceder. En caso contrario, si una persona no indígena quisiera someterse a la jurisdicción de los pueblos originarios, no podría hacerlo y tampoco debería hacerlo.

 

Erick Maldonado, Constitucionalista (Foto: Dafne Pérez - CP)

Erick Maldonado, Constitucionalista (Foto: Dafne Pérez – CP)

15. ¿Sería legítimo que dos personas no indígenas busquen a una autoridad maya para solucionar sus conflictos?
EM: No, porque es probable que su problema no afecte o no altere a la comunidad. La CC ha dicho que el conflicto que conozca la autoridad maya debe afectar directamente a la sociedad, sus valores o sus integrantes.

 

16. En caso de cometer un delito, ¿qué tipo de penas o castigos impone el derecho indígena?
EM: La justicia maya tiene dos elementos: restaurar las circunstancias a como se encontraban antes de la comisión del delito y retribuir a la víctima por los daños ocasionados. Más importante que ir a la cárcel es devolver el quintal de frijoles que se robó y pagar lo que en el derecho convencional llamamos daños y perjuicios.
Hay comunidades que usan los castigos corporales, no para dañar la integridad física sino es un mecanismo para evidenciar ante la comunidad la comisión de un delito. Tendrá que establecerse de forma clara en qué momentos se permitirá, pero creo que podrían desaparecer porque hay mecanismos más efectivos que garantizan la retribución y la restauración, como el trabajo comunitario. Y para acabar con otro paradigma negativo, el derecho maya no conlleva linchamientos, estos no se contemplan dentro de las comunidades indígenas. Al contrario, por lo general han ocurrido en áreas urbanas, no indígenas.

 

17. ¿Cómo evitar que haya abuso de autoridad en este sistema?
EM: Con el control constitucional. Sin embargo, la honorabilidad es importante. Una autoridad maya que abusa de su poder pierde legitimidad y la comunidad la desconocerá.

 

18. En caso de que la justicia maya no se reconozca, ¿seguirá operando?
EM: El derecho sigue existiendo, el problema es que se perdería una gran oportunidad para reglamentarlo y legitimarlo.
PI: Si no es reconocido, seguiremos siendo ilegales en nuestro propio país y el Estado no avanzará en el fortalecimiento de la democracia.

 

Pedro Ixchú, abogado experto en derecho indígena y exalcalde maya en Totonicapán (Foto: Dafne Pérez - CP)

Pedro Ixchú, abogado experto en derecho indígena y exalcalde maya en Totonicapán (Foto: Dafne Pérez – CP)

19. ¿Existen casos exitosos en los que conviva un sistema occidental y uno indígena?
AJ: Sí, la integración se ha logrado en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Estos cuatro tienen en su legislación normas de coordinación que han ayudado y evitado que existan desmanes.

 

20. ¿Habrá algún perjudicado si se reconoce el sistema indígena?
EM: No. La Corte de Constitucionalidad (CC) ya fijó criterios que deben regir al momento de aplicar la justicia maya. Son: I) La persona que vaya a ser juzgada tiene que ser miembro o integrante de la comunidad maya; II) El acto se debe haber cometido dentro de la comunidad, si lo comete fuera de su territorio, por ejemplo en la ciudad, se debe someter a la justicia oficial; III) Que sea conocido por las autoridades competentes, es decir, debe haber institucionalidad. En cada comunidad hay una autoridad electa o nombrada, reconocida y legitimada por la comunidad; y IV) Conoce cuando se dañen los valores y la convivencia armónica de la comunidad y sus integrantes.
Estos cuatro parámetros tendrán que ser reconocidos por la legislación ordinaria, se debe emitir una ley de pluralismo jurídico o de coordinación que deje claro cómo funcionará este sistema.

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