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justicia, Nacionales, Seguridad — noviembre 20, 2016 at 6:00 pm

Receta para la extorsión: ser extranjero y llevar un Rolex en La Aurora

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El colmo llegó cuando una denuncia penal sostuvo que un viajero costarricense que lucía un reloj lujoso, quien se negó a pagar una extorsión por ingresar al país, fue drogado y expulsado de Guatemala.

Foto: Archivo / Contrapoder

Foto: Archivo / Contrapoder

 

Este año, de enero a octubre, la Dirección General de Migración (DGM) reporta 723 extranjeros “no admitidos” en el aeropuerto La Aurora. La mayoría son colombianos, pero también hay costarricenses, brasileños, venezolanos y un argentino.

El criterio del personal del Control Migratorio de La Aurora para impedir el ingreso de un viajero, pese a tener visa o documentos en regla, es discrecional y no protocolario, y esto se ha prestado a abusos y atracos de los agentes.

Estas personas son rechazadas. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, “para deportarlos se debe contar con una resolución. En estos casos, se regresa al país de inmediato, en la aerolínea que lo trajo”.

Las víctimas identifican dos sitios donde fueron despojados de sus documentos: las filas y las cabinas donde sellan los pasaportes de ingreso. Si los visitantes se encuentran distraídos o portan objetos de valor, son interceptados y conducidos para una segunda revisión. También si se muestran nerviosos, sudorosos o titubeantes son remitidos a los cuartos para interrogaciones secundarias, donde no hay cámaras ni grabación de audio.

Allí son despojados de sus pertenencias, son retenidos durante horas hasta que pagan mordidas o son devueltos a sus países sin mayor explicación.

El Control Migratorio se divide en tres grupos: A, B y C. El último es señalado por los afectados de extorsionar, intimidar y violar derechos humanos. Sin embargo, la DGM y Gobernación insisten en que sus funcionarios cumplen con el reglamento migratorio.

Existen dos denuncias en el Ministerio Público (MP) y cuatro más en proceso de ser atendidas en contra de Miguel Antonio Cantoral Dávila e Ingrid Janneth Casasola Catalán, encargados del grupo C.

La Fiscalía de Delitos Administrativos lleva los casos. Hay una investigación en curso por el robo y deportación de un empresario costarricense y ContraPoder encontró otra (no reportada por la fiscalía) de junio de 2014 –de una familia de cubanos, que tenía visa y carta de referencia, que fue deportada. Y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) conoce cuatro casos, dos de los cuales remitió al MP.

“Rendimos los informes al MP y a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de Migración, por considerar que Casasola y Cantoral, encargados del grupo C de Control Migratorio, cometieron delitos legales”, afirma la defensora de la Población Desarraigada y Migrante, Jessica Ramírez.

Foto: Archivo / Contrapoder

Foto: Archivo / Contrapoder

Octubre horribilis

Germán Centurión, un argentino, empleado de una boutique de 28 años, entregó su pasaporte al Control Migratorio. Cuando le preguntaron a qué venía respondió que “a ver a su sobrino y, tal vez, a hacer una prueba de fútbol”, cuenta su hermano Paulo, defensa central del Deportivo Escuintla Heredia. Mencionar la posible prueba bastó para que Germán fuera llevado a un cuarto contiguo en donde siguió el interrogatorio: si traía tarjeta de crédito o suficiente efectivo para permanecer en el país esa quincena. Consigo solo llevaba US$100 y el itinerario con retorno para el 30 de octubre pasado.

El reglamento de la Ley de Migración indica que “para acreditar la capacidad económica, se le podrá requerir al interesado presentar uno o más” medios de comprobación como tarjeta de crédito, declaración jurada de quien se haga cargo de sus gastos de viaje o el boleto (aéreo, marítimo o terrestre) de ida y vuelta.

Germán fue deportado al día siguiente, a las 6 de la mañana. De nada sirvió que el diputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y amigo de la familia, Julio Lainfiesta, ingresara al área donde se encontraba el argentino y dijera que él sería su garante. “Yo tengo acceso libre por mi investidura. Así que ingresé”. Sin embargo, se retiró del lugar cuando Casasola comenzó a decirle que lo “demandaría por violencia contra la mujer y abuso de autoridad”.

Tamara de León Muñoz, la fiscal de Delitos Administrativos, confirma esto último. “No hay denuncia del diputado en contra del personal de Control Migratorio, al contrario, él tiene una en su contra por abuso de autoridad”. Esto porque según el ministro Rivas, un congresista no puede ingresar “por su investidura” al área internacional que “se rige mediante protocolos de seguridad internacionales”.

Cinco días más tarde, el periodista Gustavo Rugeles, de 30 años, fue retenido de la misma forma. Él venía a participar en un taller y en un foro, pero luego fue reprendido por no cargar su gafete de prensa. “Me dijeron que en dos horas me deportarían a Colombia por mentir al no poder demostrar que era periodista. Me aislaron en un lugar sin señal, ni teléfono para comunicarme”.

Gustavo entregó un folleto de la actividad donde estaba su retrato, pero no fue suficiente. Estuvo tres horas y media en el cuarto y consiguió hablar con los organizadores de la actividad desde el celular de un oficial de seguridad. Pero no fue hasta que “una de las oficiales de Control Migratorio confirmó por su cuenta que venía al foro. Solo así pude ingresar a Guatemala”, cuenta.

A la semana siguiente, el 26 de octubre, la nueva víctima fue el costarricense Daniel Alvarado, de 26 años. Según la abogada Ana Lucía Alejos, su cliente fue expulsado del país, sin motivo aparente. Fue detenido por “llevar US$8 mil en efectivo y un reloj Rolex, que en conjunto, según el personal de Migración, sumaban más de US$10 mil y él no lo declaró”.

El superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, coincide con Alejos en señalar a los trabajadores de extralimitarse en sus funciones. Retener por exceso de dinero no reportado o pertenencias mayores de US$500, corresponde a la Superintendencia de Bancos y lo segundo, a su dependencia.

“La SAT hace revisiones posteriores. Tenemos un sistema aleatorio con semáforo. Si la persona lleva objetos por más de US$500 en paquetes sellados se hace un reajuste de impuestos. Se retienen las posesiones hasta que pague. Pero no hay ningún impedimento a viajar con pertenencias usadas”, dice Foppa.

Foto: Archivo / Contrapoder

Foto: Archivo / Contrapoder

Alejos explica que esa noche pidió una exhibición personal a favor del costarricense. “Llegó el juez de Paz Sergio Mena y ni así nos dejaron entrar. Pudimos ingresar cuando mi cliente ya no estaba en Guatemala. Nos negaron que hubiera aterrizado en el país. Mi cliente despertó en un avión, sin dinero, reloj ni pasaporte. Tengo los mensajes de voz, audios y fotografías que me envió y pude comprobar que los sitios descritos eran exactamente esos. También identifiqué a una sobrecargo de Avianca que corrobora su ingreso al país”, dice.

Pero tanto el ministro de Gobernación como el director General de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge, indican que la denuncia, la cual es investigada por el MP, es falsa. “Nosotros vimos las cámaras y no se observa el descenso del supuesto pasajero, ni en áreas comunes, en las rampas o en alguna parte. No hay registro en Migración. Tampoco el Control Migratorio de Costa Rica encontró algún indicio de que haya viajado ese día”, afirma Rivas.

El canciller Carlos Raúl Morales y el embajador de Costa Rica Javier Díaz aseguran que no existe ningún reclamo de ese país a Guatemala.

El ministro respalda a los funcionarios señalados y subraya que los agentes de Migración son quienes determinan si entra o no al país un pasajero, mediante un formulario de rutina. “Preguntan a dónde va, con quién viene, cuánto dinero trae, cuántos días estará. Es parte de la discrecionalidad que ejercen los oficiales”. Sara Ortiz, encargada de Comunicación Social de la DGM, agrega que “los oficiales de turno tienen un ojo clínico para detectar a quién interrogar”.

Y es esa discrecionalidad, la de “tener buen ojo” y que permite se cometan abusos, la que reclama Rugeles.

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